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Austeridad sin riesgos.

La contribución del administrador a lograr una comunidad de propietarios en sintonía pasa necesariamente por procurar su estabilidad económica y el mayor ahorro posible para sus miembros, cuidando siempre que los suministros y servicios cuenten con la calidad necesaria para cubrir adecuadamente las necesidades para las que son contratados.

Trabajar con proveedores homologados que cumplan todos los requisitos en cuanto a cualificación técnico-profesional y a normativa fiscal, laboral y jurídico-administrativa a que estén sometidos; recabar información en cuanto a nuevos productos y ofertas; analizar, desde el principio de prudencia, los efectos de su posible implantación; y proponerla a la Junta si se considera viable. De esta forma, logramos  mantener un presupuesto contenido sin comprometer la seguridad y el bienestar de los usuarios del edificio.

La media de ahorro en las principales partidas que componen el presupuesto de las comunidades que administro: Mantenimiento Ascensor, Mantenimiento Sistemas Contraincendios, Administración, Seguro, Gastos Financieros y Suministro Eléctrico, ha sido del 21,05 %, según figura en la siguiente tabla:

  • MEDIA AHORRO ANUAL EN EUROS
  • MANTENIMIENTO ASCENSOR
  • MANT. CONTRA INCENDIOS
  • ADMINISTRACIÓN
  • SEGURO
  • GASTOS FINANCIEROS
  • SUMINISTRO ELÉCTRICO
  • TOTALES
  • MEDIA AHORRO ANUAL EN EUROS
  • 330,18 €
  • 42,73 €
  • 558,76 €
  • 6,95 €
  • 42 ,73 €
  • +35,70 €
  • 155,37  €
  • MEDIA AHORRO ANUAL EN %
  • 18,04 %
  • 51,67 %
  • 41,80 %
  • 1,01 %
  • 51,67 %
  • +7,34 %
  • 21,05 %

(Esta comparativa se ha elaborado calculando las medias de la diferencia de los importes de cada partida presupuestaria  antes de comenzar mi gestión como administrador y tras las últimas cuentas aprobadas).

 

Señalar el suministro eléctrico como la bestia negra de las estrategias de reducción de gastos; las permanentes subidas del precio de la electricidad limitan el alcance de las mismas a la disminución del consumo sin que esta se vea reflejada en el gasto real que hay que pagar cada mes. No obstante, la media de aumento (7,34 %) es muy inferior al incremento de las tarifas eléctricas durante los últimos cinco años(35,60 %).

Por otro lado, Gastos Financieros con el 51,67 % y Administración con el 41,80 % son las partidas en las que mayor ahorro se ha conseguido, habiendo llegado en algunas comunidades determinadas hasta una reducción del 75,55 % y del 60,00% respectivamente.

Periódicamente, revisamos los precios y características de los servicios y suministros contratados para intentar localizar oportunidades de mejora en cuanto a precio y/o prestaciones.

 

 

 

 

5 años y 15 metros cúbicos y medio.

Oí, no recuerdo dónde, que en los años de bonanza (podríamos situarnos en 2000, 2004 ó 2006), una gran inmobiliaria grababa con su logo los mondadientes que se usaban, primero, para pinchar los tentempiés con los que agasajaban a su clientela y, después, para eliminar  esos incómodos y antiestéticos restos que solían quedar entre aquellos adulados piños. Al tiempo, desaparecieron la clientela, los tentempiés, la inmobiliaria y, en consecuencia, los carísimos palillos personalizados, que eran sufragados, como no podía ser de otra manera, por aquellos lisonjeados clientes vía generosas comisiones. Todo nos indicaba que habría que adaptarse a nuevos tiempos de ajustes, recortes y sufrimiento generalizados.

Se replantearon estrategias a fin de eliminar gastos superfluos para bajar precios sin menoscabar la calidad del producto. Por ejemplo, Mercadona quitó el satinado de los bricks de leche, se eliminaron las etiquetas  para comenzar a imprimir los prospectos directamente en los envases de cosméticos, o se cambió la posición de embalado del pan de molde para reducir los costes de transporte. Y entendimos que las manzanas que se exponen sobre un palé pueden ser más saludables y baratas que las envasadas de seis en seis, con colorido etiquetado y brillo artificial.

La confluencia de esta situación económica con el imparable avance de la tecnología e internet propició la aparición de nuevas formas de negocio y la consolidación de otras surgidas con anterioridad, también basadas en la web, (comercio electrónico, seguros, banca, prensa, etc.), que han cambiado fórmulas centenarias en la adquisición de productos o servicios, y la forma de relacionarnos con las empresas que nos los proveen, sin que la administración de fincas o la gestión inmobiliaria hayan podido escapar a estos cambios.

 

NUEVOS PUNTOS DE ENCUENTRO COMUNERO/A – ADMINISTRADOR. 

El/la comunero/a no quiere ir al despacho de su administrador; tiene otras cosas más importantes que hacer: ir de compras, llevar al parque al hijo o a la nieta, leer, ver la tele, trabajar, salir con las amigas… Y, puesto que los hilos de comunicación con el administrador están abiertos permanentemente a lo largo del día de forma remota (teléfono, email, whatsapp, app…), ¿para qué habilitar un despacho como punto de encuentro comunero-administrador si supone un coste muy elevado que finalmente deberá asumir el primero, y, además, podría comprometer seriamente la continuidad del negocio del segundo? ¿por qué no trasladar ese punto de encuentro al propio edificio administrado en los casos que resulte necesaria la interactuación personal con el/la cliente/a?

Tras cinco años de trabajo, he comprobado que se puede suprimir  casi por completo uno de los gastos que mayor peso tiene en el presupuesto de un despacho profesional en general y de un administrador de fincas en particular: el alquiler o amortización de un local más el que conlleva mantener un horario fijo de atención al público.Y a la vez mejorar la atención a la clientela, evitándole desplazamientos y estableciendo un trato más cercano. 

 

DOCUMENTACIÓN DIGITALIZADA Y EN LA NUBE. 

La digitalización de la documentación posibilita una considerable mejora de la gestión de recursos porque permite:

  • Aumentar la productividad al agilizar el acceso, consulta y archivado de la misma.
  • Reducir el gasto de mano de obra de manipulación y archivado, y el del gran volumen de espacio físico que requiere un archivo en papel que no para de crecer.
  • Disponer de toda la información de las comunidades en el móvil o el portátil, desde cualquier lugar, a cualquier hora.

De la documentación digitalizada se realizan diariamente copias de seguridad que se almacenan en varios servidores externos (nube) alojados en centros de datos que cumplen la normativa europea de protección de datos y los estándares internacionales en materia de conservación y disponibilidad de los mismos (clasificaciones Tier III y Tier IV), y que cuentan con instalaciones de máxima seguridad con niveles de protección mucho más elevados que los existentes en cualquier oficina.

El 98% de la documentación de nuestras comunidades se encuentra digitalizada, ya que ello también es necesario para habilitar herramientas que favorezcan el flujo de información comunero-administrador.

 

DESPACHO 24 HORAS. 

La tranquilidad que supone para un propietario ser conocedor de la situación real de su comunidad genera una relación de confianza con su administrador que facilita enormemente el desempeño de la profesión. Por ello, para realizar una gestión transparente, nuestros clientes tienen a su disposición el DESPACHO 24 HORAS con el que, desde el ordenador, la tablet o la app del móvil, podrán ver documentos (facturas, contratos, pólizas, informes contables…), consultar las incidencias ocurridas en el edificio y las gestiones realizadas para su resolución, enviar notificaciones al administrador…

 

EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS.

Asumir el compromiso de ofrecer información veraz y actualizada requiere dedicación diaria a la mecanización de contabilidad y a la tramitación de incidencias y siniestros, siendo de gran ayuda contar con los programas de gestión adecuados que permiten la automatización de tareas, aunque también, cuando se produce un aumento del volumen de la actividad o existen picos de trabajo, hay que recurrir a servicios profesionales externos y especializados que ofrecen todas las garantías en cuanto a la ejecución de las tareas y al escrupuloso cumplimiento en materia de protección de datos, mejorando la eficacia del servicio final que puedo ofrecer a mi clientela.

 

QUINCE METROS CÚBICOS Y MEDIO. 

Es el volumen de espacio desde el que vengo realizando estos últimos cinco años mi actividad de administrador de fincas, contando con la colaboración imprescindible de los equipos profesionales que me ayudan a resolver las incidencias que surgen en el día a día de la gestión de edificios y realizando mucho trabajo de calle, nos esforzamos en optimizar los recursos para que nuestra clientela cuente con una atención de calidad sin que tenga que pagar por servicios que no necesita ya sea en forma de locales, sillas de trescientos euros o de mondadientes personalizados.

 

Electricidad a precio de coste + 1 €

En septiembre pasado empezó a prestar sus servicios, bajo la denominación de Pepeenergy, la comercializadora eléctrica de Pepephone, empresa de bajo coste de telefonía e internet y pertenecientes ambas al grupo Viajes Halcón, ofreciendo una manera distinta de facturar la electricidad que consumen sus clientes.

Este “experimento”, según lo califican en el manifiesto que aparece en la propia web de Pepeenergy, consiste en vender energía eléctrica 100% procedente de fuentes renovables (eólica, fotovoltaica e hidráulica) al mismo precio que se compra, añadiendo 1 € de beneficio en cada factura mensual, o 2 € si la potencia contratada es mayor de 5,75 Kw, y 0,25 € para sufragar un seguro que da cobertura de pago durante un año a los clientes que pudieran quedar en situación de paro laboral.

Hasta aquí todo claro. Ahora se complica un poco: a los precios indicados, que se facturan cada mes, hay que añadir una cantidad que elige cada usuario en función del consumo que estime que va tener,  cuando llegue la lectura (normalmente cada dos meses) se realizará una facturación con el consumo exacto correspondiente al periodo a precio de coste, es entonces cuando Pepeenergy devolverá el dinero que haya facturado de más o cobrará el dinero que haya facturado de menos.

Hay que tener en cuenta que al igual que en las facturas de todas las comercializadoras, hay que añadir el alquiler del contador (si no es en propiedad), el impuesto sobre la electricidad y el IVA.

Pero vamos a lo más importante, ¿nos podemos creer que nos están facturando realmente al mismo precio al que han comprado? Bueno, en principio sí, porque este precio es público y puede comprobarlo cualquier ciudadano accediendo a la web de Red Eléctrica Española y compararlo con los precios que aparecen en pepeenergy.com. Entiendo que la nueva comercializadora ha de ser muy estricta en el cumplimiento del compromiso que es el pilar fundamental de su estrategia comercial: vender al mismo precio que compra. Y además, ha de ser completamente transparente a la hora de permitir al usuario la verificación de la veracidad de esas cifras.

Si no lo hacen así, el proyecto fracasará en breve.

Soy cliente de Pepephone desde hace siete años y nunca he tenido ningún problema con ellos. Han sido muy claros (cosa rara en el mundo de la telefonía) al explicarme sus tarifas y muy rigurosos en el cumplimiento de sus compromisos, y cuentan además con la solvencia financiera y el prestigio de su empresa matriz, por lo tanto confío en que en esta nueva aventura van a seguir en la misma línea.

Hay que probar y ver si efectivamente esta fórmula  va a suponer algún ahorro en la factura de la luz o no.

Yo me he apuntado. Creo que para antes de septiembre os podré dar una opinión sobre el resultado del experimento.

Por último señalar que hay otra comercializadora que aplica la misma estrategia: Lucera.

¿Pagar la plusvalía municipal si hay pérdidas?

El Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como “la plusvalía”, se sustenta normativamente a nivel estatal en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del que derivan las ordenanzas municipales que regulan su aplicación en el ámbito local, ya que son los ayuntamientos los organismos competentes para determinar el gravamen del impuesto y los beneficiarios de su recaudación.

Como su nombre indica, se trata de un tributo sobre el “incremento” del valor de suelos de naturaleza urbana generado desde su adquisición hasta su venta, es decir, el contribuyente compartiría con su consistorio la ganancia obtenida para contribuir al sostenimiento de los servicios públicos y al desarrollo del municipio, obligación que compete a todos los ciudadanos, recogida en el artículo 31.1 de la Constitución, y que se hará efectiva “… de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad…”.

Pero el cálculo del impuesto parte de la premisa de que siempre existe esa ganancia, aplicándose un cuadro de revalorización anual, basado en valores catastrales, que no contempla la posibilidad de que no haya existido tal incremento de valor ni de que incluso haya existido una disminución del mismo, ignorando, entre otras posibles variables, las fluctuaciones del mercado, factor que debería ser fundamental a la hora de conocer la plusvalía real de la operación.

 

Hasta el comienzo de la crisis y la consiguiente caída de precios del sector inmobiliario, se había aceptado y soportado durante décadas otra norma que no atiende al principio de equidad que, en general, rige nuestro Ordenamiento Jurídico, sino que, más bien, favorece de forma arbitraria la capacidad recaudatoria de la administración pública. Aunque tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y la necesidad de millones de ciudadanos de deshacerse de las viviendas que habían adquirido a precios desorbitados o de malvender sus propiedades para conseguir liquidez o que se acogieron a la dación en pago ante la imposibilidad de afrontar los pagos del crédito hipotecario, se ha hecho necesaria la revisión de los criterios por los que se obliga a las personas a pagar en concepto del incremento de valor, evidentemente ficticio, de unos inmuebles cuya transmisión se convirtió en un negocio desastroso, ocasionándoles cuantiosas pérdidas que tardarán muchos años en recuperar.

Los tribunales han comenzado a estimar las denuncias presentadas por ciudadanos afectados y por organizaciones sociales y profesionales. Así, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 18/07/2013, se alude a que ”Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurar el tributo (art. 104.1 LHL), y este no podrá exigirse…”. También, un juzgado de San Sebastián ha planteado la inconstitucionalidad del impuesto al considerar que su aplicación vulnera los artículos 24 y 31 de la Constitución.

Algunas medidas paliativas por parte de algunos Ayuntamientos (rebaja del porcentaje aplicado) y del Gobierno (exención del tributo en caso de dación en pago, sólo si es vivienda habitual), no evita que, por el momento, miles de ciudadanos y empresas sigan estando obligados a tributar en base a valoraciones irreales, evidenciando en este caso la disociación existente entre Administración y la situación económica efectiva de sus administrados.

 

Por fin, las ayudas a la rehabilitación edificatoria.

El pasado 31 de diciembre de 2015 se publicó en el B.O.R.M. la orden que aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria en la Región de Murcia, dotadas inicialmente con 2.000.000 €, que se ampliarían posteriormente hasta casi 9.000.000 €.

Podrán acogerse a las ayudas los edificios:

  • Finalizados antes de 1981.
  • Destinados a alquiler durante más de diez años.
  • Con graves daños estructurales.

Las obras subvencionables serán:

  • De Conservación, detectadas como desfavorables en el lnforme de Evaluación de Edificios, y que afecten, entre otras, a:
    • Cimentación: estructura e instalaciones.
    • Obras de adaptación a normativa vigente en instalaciones comunes de electricidad, fontanería, gas, saneamiento, recogida y separación de residuos y telecomunicaciones.
  • Obras de mejora de calidad y sostenibilidad, que reduzcan la demanda energética en al menos un 30%:
    • Obras de envolvente térmica: aislamiento, carpintería, acristalamientos, dispositivos bioclimáticos, etc., ajustándose al documento básico DB-HE1 del Código Técnico de la Edificación.
    • Instalación de equipos que utilicen energía Caben obras de mejora eficiencia   eléctrica,   ahorro   de agua,   residuos,   aislamiento acústico…
    • Instalación o sustitución de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y ventilación, etc.
  • Obras de adecuación de edificios en materia de accesibilidad:
    • Instalación y adaptación a normativa de ascensores,   salvaescaleras   y dispositivos para discapacitados
    • Instalación   elementos   de   apoyo   que   permitan   el   acceso   de discapacitados a zonas
    • Instalación de elementos de información, aviso u orientación en escaleras y ascensores. Elementos de comunicación entre viviendas y el exterior.

Las cuantías máximas de las subvenciones serán del 35% del coste de las obras de conservación y de mejora de calidad y sostenibilidad, y del 50 % en las de mejora de la accesibilidad, no pudiendo sobrepasar en ningún caso 11.000 € por vivienda ó por cada 100 m2 de local.

Insistir en que uno de los requisitos indispensables en todos los casos es la presentación del Informe de Evaluación de Edificios.

El plazo máximo para la presentación de las solicitudes será el 29 de febrero de 2016, y para la ejecución de las obras subvencionables, el 30 de septiembre de 2016.

 

 

 

Seguro de comunidad

No disponer de un seguro de comunidad que cubra los siniestros que afecten a las zonas e instalaciones comunes del edificio, supone que los comuneros tengan que asumir el coste económico de los mismos en función del coeficiente de participación de cada uno.

A estas alturas, en la juntas de vecinos, no se debate si contratar o no el seguro, sino con qué compañía, a qué precio o con qué coberturas hacerlo.

Las coberturas básicas de un seguro de comunidad son:
• Continente: daños ocasionados en la construcción (paredes, estructura, revestimientos…), incluso, por norma general, los ocasionados en elementos privados.
• Contenido: enseres, mobiliario, etc. de uso comunitario.
• Daños por agua: ocasionados por la rotura de tuberías o instalaciones comunitarias. Últimamente las aseguradoras amplían esta cobertura a los daños ocasionados por atascos, cubriendo también los gastos de desatasco y limpieza de tuberías.
• Responsabilidad civil (RC). Esta garantía cubre las reparaciones y las indemnizaciones que la Comunidad tuviera que pagar a terceros por los daños que tengan su origen en elementos comunes. En el caso de que se produzcan daños personales, esas indemnizaciones pueden ser cuantiosas, por lo que es conveniente contratar una cobertura mínima de 300.000 euros.

AHORRO PARA LOS COMUNEROS
Un seguro con estas coberturas para un edificio de menos de diez años de antigüedad, de 15 viviendas, 5 locales y 10 garajes suele costar sobre unos 500 € anuales.

Cabe la posibilidad de contratar además la garantía de daños por agua de tuberías y grifos privativos, la cual supone un incremento del 25% aproximadamente. De esta forma, los comuneros sólo tendrían que contratar en su seguro privado de hogar la cobertura de contenido (electrodomésticos, mobiliario, joyas…) y responsabilidad civil, ya que tanto el continente como los daños por agua estarían cubiertos por las garantías comunitarias, resultando generalmente más ventajosa está fórmula a pesar de tener que pagar un poco más por el seguro del edificio.

Por último, es importante señalar que los propietarios que tienen hipoteca y que están obligados a garantizar el valor de su vivienda ante la entidad financiera, pueden ceder a ésta sus derechos sobre el continente del seguro comunitario y así evitarán pagar dos veces por dicha cobertura: una a través de la comunidad y otra a través del seguro privado de la vivienda.

Administrador de fincas VS Factura de la luz

Desde siempre una de las tareas del administrador de fincas ha sido disminuir en lo posible los gastos de la comunidad, ya que el dinero que los comuneros no tuvieran que destinar al edificio quedaba a disposición de éstos para su disfrute.

En los últimos años y empujados por la falta de recursos de los vecinos debida a la crisis económica, la reducción de gastos se ha convertido en objetivo prioritario e inexcusable del administrador; ascensor, limpieza, mantenimiento, gestión, seguro… son partidas que han disminuido en porcentajes de entre el 30% y el 60% respecto a sus valores de 2007 ó 2008, cuando no, en situaciones críticas, se haya prescindido de alguna de ellas.

Pero hay una excepción: el suministro eléctrico. A pesar de las reformas del mercado (o quizás a causa de ellas), la tarifa eléctrica no ha dejado de subir y, por consiguiente, uno de los gastos con más peso en los presupuestos anuales de las comunidades lo ha hecho a la vez.

En esta situación y para paliar la repercusión de las subidas de la energía en las cuentas comunitarias, se hace necesaria la adopción de varias medidas:

• Hacer un estudio sobre la posibilidad de bajar la potencia contratada (la parte fija de la factura), la cual en muchos casos es superior a la necesaria y tiene una incidencia muy importante sobre el total del gasto (hay que tener en cuenta que desde julio de 2013 el precio de dicho concepto ha aumentado alrededor de un 90%).
• Sustituir las bombillas convencionales de las zonas comunes por leds, que han bajado bastante su precio y suponen un ahorro en consumo del 80%.
• Optimizar el alumbrado de la cabina del ascensor mediante la instalación de dispositivos que lo apaguen cuando no esté en marcha.

Más allá de la aplicación de estas medidas, que tienen un coste nulo o muy bajo (amortizable en un año aproximadamente), y sin entrar en el estudio de otras que implican una inversión más elevada (sustitución del viejo motor del ascensor por otro de rendimiento optimizado, sectorización del alumbrado de las zonas comunes, etc.), sólo cabe estar pendiente de las ofertas de las comercializadoras y apuntarse a la que más convenga en cada momento, hacer un uso responsable de los dispositivos eléctricos y esperar que dejemos de ser uno de los países de la Unión Europea en los que más cuesta la energía eléctrica, aunque esto último depende en menor grado de nuestra voluntad.

Administración de fincas, novedades 2015

A punto de finalizar el año y viviendo las «primeras navidades de la recuperación», encaramos 2015 con la esperanza de que las mejoras de las cifras macroeconómicas lleguen hasta los ciudadanos y alivien, o mejor, eliminen, incertidumbres y privaciones, y de que poco a poco se vaya restituyendo lo perdido durante los últimos siete años.

En principio sí es seguro que, además de las citas electorales, el nuevo año trae bastantes novedades como consecuencia de la entrada en vigor de nuevas normas de carácter técnico o administrativo, de las que cabe destacar, en el ámbito de la administración de fincas y la gestión inmobiliaria, las siguientes:

 

Las comunidades tendrán que presentar el mod 347:

El Real Decreto 828/2013 publicado en el BOE el 26-10-13, que desarrolla el nuevo régimen especial del criterio de caja en el IVA, determina que a partir del 1 enero 2014 quedarán obligados a presentar ante la Agencia Tributaria el modelo 347 (declaración de operaciones con terceros) «las comunidades de bienes en régimen de propiedad horizontal», por lo que las comunidades de propietarios deberán declarar las operaciones con proveedores o clientes (inquilinos) que superen los 3,005,05 € anuales, quedando excluidas las relativas a suministros de energía eléctrica o combustibles que se usen para el consumo comunitario, a suministros de agua y los seguros que tengan por finalidad el aseguramiento de bienes de zonas y elementos comunes. La declaración correspondiente a 2014 deberá presentarse en febrero de 2015.

La reforma fiscal en el sector inmobiliario:

La reforma fiscal que entra en vigor el 1 de enero de 2015 eliminará progresivamente los coeficientes que corregían a la baja el importe a tributar por el incremento de valor (plusvalía) de las viviendas. La diferencia entre vender el 31 de diciembre de 2014 ó el 1 de enero de 2015 puede ser, según el caso, de varias decenas de miles de euros. Ello ha provocado que se produzcan significativas rebajas en los precios durante los últimos meses de 2014.

La nueva reforma también reduce a la mitad, del 100% al 50%, la reducción a propietarios por arrendamiento a menores de 30 años, y elimina con carácter general la deducción a inquilinos para los contratros suscritos a partir del 1 de enero de 2015.

Dividendo Digital:

El Gobierno se ha visto obligado a ampliar hasta el 31 de marzo de 2015 el plazo para el proceso de liberalización del dividendo digital ante el riesgo de que más de 500.000 hogares pudieran dejar de recibir los canales de la TDT, o parte de ellos, en caso de proceder al apagado de los canales que emiten en la banda de 790 Mhz a 862 Mhz en la fecha prevista inicialmente (31 de diciembre de 2014). Además tal circunstancia habría ocasionado a las cadenas de televisión graves perjuicios económicos, principalmente por la pérdida de ingresos por publicidad.

En la otra parte, las operadoras de telefonía que deberían comenzar a prestar servicios basados en la tecnología 4G desde el 1 de enero de 2015, van a ser compensadas por el Ministerio de Industria con la ampliación del periodo de vigencia de sus concesiones en 1,27 dias por cada día que transcurra hasta el 1 de abril de 2015, fecha en la que, inicialmente, ya podrán comenzar a implantar el 4G.

Plan de vivienda 2013-2016:

El Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, contempla ayudas para la rehabilitación y alquiler de viviendas. Se subvencionará, entre otras actuaciones, el alquiler de viviendas por importe de máximo de 2.400 € anuales para aquellas familias con ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), así como las mejoras de accesiblidad, seguridad y eficiencia energética en edificios en régimen de propiedad horizontal y la elaboración de su Informe de Evaluación de Edificios. La Comunidad Autónoma de Murcia aún no ha publicado las convocatorias de las mismas, aunque, según aparece en su web y me han informado en la Dirección General de Vivienda, están tramitándose y en breve se podrán empezar a solicitar.

 

En cualquier caso y a pesar del momento que vivimos, deseo a todos un FELIZ AÑO 2015.

 

Consumidores y demandas colectivas

Nuevamente, la crisis económica nos sirve para descubrir la excesiva permisividad normativa (a todos nos suena el término desregulación) que ha posibilitado al sector financiero la comercialización de productos no adecuados para determinados clientes o que contenían cláusulas abusivas en beneficio de la propia entidad.

La necesidad de defensa ante la proliferación y gravedad de este tipo de abusos ha llevado a los afectados a organizarse para reclamar conjuntamente ante la justicia, tanto a través de organizaciones de consumidores como de bufetes de abogados privados, de manera que se está generalizando la presentación de las demandas colectivas, contempladas en la legislación vigente (art. 34, Ley 29/1998, art. 11, Ley 1/2000, art. 24, RDL 1/2007) y que hasta hace poco tiempo eran casi desconocidas en España.

Los afectados de las estafas de Opening, Afinsa y Fórum Filatélico fueron pioneros en la presentación de demandas colectivas en España. El abogado Javier Cremades, en 2009, agrupó a dos afectados por el caso Madoff y demandó, en Estados Unidos, al Banco de Santander en su condición de intermediario de las operaciones.

Posteriormente, un juzgado de Sevilla admitió la demanda colectiva presentada por Ausbanc y, el 30 de septiembre de 2010, falló a favor de los demandantes, declarando el carácter abusivo de la cláusula suelo en los prestámos hipotecarios. Esta sentencia fue revocada por la Audiencia de Sevilla y después ratificada por el Tribunal Supremo.

Desde entonces, se ha extendido el uso de esta fórmula jurídica como instrumento válido para la denuncia de abusos masivos, ofreciendo como principal ventaja la económica; la mayor parte de los gastos son repartidos entre todos los demandantes, con lo cual la repercusión individual de los mismos disminuye respecto a la presentación particular de la demanda. Además, debería mejorar la eficiencia judicial al ser resuelta por un solo juez de un solo tribunal. Como contrapartida, tiene el inconveniente de que el individuo pierde la capacidad de tomar decisiones durante el desarrollo del procedimiento, debiendo acatar los pareceres del letrado director del mismo y aceptar los posibles acuerdos a los que éste pudiera llegar.

En cualquier caso, sin que se puedan garantizar unos resultados satisfactorios para todos los afectados, sí hay que considerar la demanda conjunta como una posibilidad viable y muy a tener en cuenta a la hora de plantear una reclamación por un hecho que haya ocasionado un perjuicio colectivo, sea o no de carácter financiero.

Más información:

http://www.diariosur.es/malaga/201407/02/millar-malaguenos-agrupan-demandas-20140701224232.html

http://colectivos.adicae.net/

http://economia.elpais.com/economia/2014/03/19/actualidad/1395227675_230163.html

http://www.20minutos.es/noticia/1701404/0/

http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-despachos-abogados-estudian-demandas-colectivas-reclamar-auditores-via-penal-caso-gowex-20140708180622.html

Consumo colaborativo, otra forma de ahorrar

El viejo trueque, que consistía originariamente en el intercambio de los excedentes de la producción agrícola y ganadera: el trigo que les sobraba a unos lo cambiaban por las ovejas que otros no necesitaban para su subsistencia, y que casi había desaparecido en los paises occidentales como fórmula de transacción comercial, resurge adaptando el concepto milenario del mismo, el simple canjeo de productos o servicios, a los hábitos y necesidades actuales, reapareciendo vinculado al llamado consumo colaborativo.

La facilidad para intercomunicar oferta y demanda a través de portales especializados de Internet, mediante las redes sociales, aplicaciones móviles, etc., contribuye significativamente a la expansión de esta forma de comercio, la cual permite cubrir cualquier necesidad (adquisición de libros de texto, reparación de la lavadora, corte de pelo, cuidado de niños…) ofreciendo en pago otro producto o la prestación de un servicio, sin tener que destinar para ello recursos económicos, generalmente escasos en el contexto de crisis en que nos encontramos, o reduciendo sensiblemente el desembolso.

Además de su contribución al ahorro familiar, el consumo colaborativo se nutre, o mejor dicho, retroalimenta el auge del consumo responsable, surgido en respuesta a la cultura de usar y tirar y del consumo compulsivo y desmesurado, y que aboga por preservar los recursos naturales del planeta y por contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas, usando para ello el poder que nos otorga nuestra condición de consumidores, el cual es comparable y complementario del que poseemos como ciudadanos con derecho a voto, siendo sus dos preceptos principales:

      1. Consumir menos: no tirar, reciclar, alargar el periodo de uso de las cosas, distinguir entre lo necesario y lo superfluo..,

      2. Convertir el hecho de la compra (de cualquier compra: desde un cepillo de dientes en el supermercado hasta un coche, pasando por un electrodoméstico o la contratación de un seguro de vida) en acto reivindicativo de una economía solidaria y sostenible, priorizando la adquisición de productos y servicios ofrecidos por empresas comprometidas (de forma práctica y demostrable, no como simple estrategia de marketing) con la protección del medio ambiente y con el sostenimiento de unos niveles óptimos de la calidad de vida de sus trabajadores y colaboradores.

Compartir, prestar, alquilar, reciclar, comprar con criterio solidario…, ya sea como consecuencia de una situación de precariedad económica y/o como resultado de la toma de conciencia de la necesidad de cambiar los hábitos de consumo, son formas, además del trueque o intercambio, de economía colaborativa, la cual está contribuyendo a la sensibilización social en cuanto a la necesidad de renovar o suprimir algunos dogmas del sistema económico vigente, que amenazan con producir cambios irreversibles en el entorno natural del planeta y, en consecuencia, en el bienestar de las personas que lo habitamos.

Más información sobre consumo colaborativo:

http://www.consumocolaborativo.com/directorio-de-proyectos/

http://blogs.20minutos.es/capeando-la-crisis/

http://www.ahorradoras.com/

https://timerepublik.com/

http://www.alkiloo.com/

http://tratojusto.es/

http://ecoinventos.com/turismo-eco-y-colaborativo-hay-otra-forma-de-viajar/

https://www.9flats.com/

Dividendo digital, el gobierno subvencionará la reantenización

El pasado viernes, el consejo de ministro aprobó el real decreto que contiene el nuevo plan de la TDT y regula la liberación del dividendo digital.

Finalmente, el coste del proceso de reantenización (o resintonización de antenas) para reubicar los canales de la TDT es de 290 millones de euros aproximadamente, el cual será subvencionado por el gobierno, de forma que las comunidades de propietarios podrán solicitar el reintegro del gasto del citado proceso. Según fuentes del ministerio, en las próximas semanas se aprobará un real decreto que regulará la concesión de las ayudas.

Para realizar la reantenización, previamente deberá haber tenido lugar el encendido de Simulcast, que consiste en el comienzo de la emisión en su nueva frecuencia de emisión de los canales TDT que van a ser trasladados, de manera que dichos canales se podrán recibir a través de dos frecuencias: la actual, a través de la que dejarán de emitir el 31 de diciembre, y la nueva, que es la única que emitirá a partir del 1 de enero.

Según el calendario previsto, en varias zonas de España, entre ellas la Región de Murcia, el encendido de Simulcast ya debería haber tenido lugar, aunque instaladores autorizados han informado de que se están produciendo retrasos en el despliegue del mismo.

Para facilitar información al ciudadano sobre la implantación del dividendo digital, el ministerio ha habilitado dos números de teléfono: 954 307 796 y 901 20 10 04, y el sitio web: http://www.televisiondigital.es/Paginas/Index.aspx.