Administrador de fincas VS Factura de la luz

Desde siempre una de las tareas del administrador de fincas ha sido disminuir en lo posible los gastos de la comunidad, ya que el dinero que los comuneros no tuvieran que destinar al edificio quedaba a disposición de éstos para su disfrute.

En los últimos años y empujados por la falta de recursos de los vecinos debida a la crisis económica, la reducción de gastos se ha convertido en objetivo prioritario e inexcusable del administrador; ascensor, limpieza, mantenimiento, gestión, seguro… son partidas que han disminuido en porcentajes de entre el 30% y el 60% respecto a sus valores de 2007 ó 2008, cuando no, en situaciones críticas, se haya prescindido de alguna de ellas.

Pero hay una excepción: el suministro eléctrico. A pesar de las reformas del mercado (o quizás a causa de ellas), la tarifa eléctrica no ha dejado de subir y, por consiguiente, uno de los gastos con más peso en los presupuestos anuales de las comunidades lo ha hecho a la vez.

En esta situación y para paliar la repercusión de las subidas de la energía en las cuentas comunitarias, se hace necesaria la adopción de varias medidas:

• Hacer un estudio sobre la posibilidad de bajar la potencia contratada (la parte fija de la factura), la cual en muchos casos es superior a la necesaria y tiene una incidencia muy importante sobre el total del gasto (hay que tener en cuenta que desde julio de 2013 el precio de dicho concepto ha aumentado alrededor de un 90%).
• Sustituir las bombillas convencionales de las zonas comunes por leds, que han bajado bastante su precio y suponen un ahorro en consumo del 80%.
• Optimizar el alumbrado de la cabina del ascensor mediante la instalación de dispositivos que lo apaguen cuando no esté en marcha.

Más allá de la aplicación de estas medidas, que tienen un coste nulo o muy bajo (amortizable en un año aproximadamente), y sin entrar en el estudio de otras que implican una inversión más elevada (sustitución del viejo motor del ascensor por otro de rendimiento optimizado, sectorización del alumbrado de las zonas comunes, etc.), sólo cabe estar pendiente de las ofertas de las comercializadoras y apuntarse a la que más convenga en cada momento, hacer un uso responsable de los dispositivos eléctricos y esperar que dejemos de ser uno de los países de la Unión Europea en los que más cuesta la energía eléctrica, aunque esto último depende en menor grado de nuestra voluntad.

Consumidores y demandas colectivas

Nuevamente, la crisis económica nos sirve para descubrir la excesiva permisividad normativa (a todos nos suena el término desregulación) que ha posibilitado al sector financiero la comercialización de productos no adecuados para determinados clientes o que contenían cláusulas abusivas en beneficio de la propia entidad.

La necesidad de defensa ante la proliferación y gravedad de este tipo de abusos ha llevado a los afectados a organizarse para reclamar conjuntamente ante la justicia, tanto a través de organizaciones de consumidores como de bufetes de abogados privados, de manera que se está generalizando la presentación de las demandas colectivas, contempladas en la legislación vigente (art. 34, Ley 29/1998, art. 11, Ley 1/2000, art. 24, RDL 1/2007) y que hasta hace poco tiempo eran casi desconocidas en España.

Los afectados de las estafas de Opening, Afinsa y Fórum Filatélico fueron pioneros en la presentación de demandas colectivas en España. El abogado Javier Cremades, en 2009, agrupó a dos afectados por el caso Madoff y demandó, en Estados Unidos, al Banco de Santander en su condición de intermediario de las operaciones.

Posteriormente, un juzgado de Sevilla admitió la demanda colectiva presentada por Ausbanc y, el 30 de septiembre de 2010, falló a favor de los demandantes, declarando el carácter abusivo de la cláusula suelo en los prestámos hipotecarios. Esta sentencia fue revocada por la Audiencia de Sevilla y después ratificada por el Tribunal Supremo.

Desde entonces, se ha extendido el uso de esta fórmula jurídica como instrumento válido para la denuncia de abusos masivos, ofreciendo como principal ventaja la económica; la mayor parte de los gastos son repartidos entre todos los demandantes, con lo cual la repercusión individual de los mismos disminuye respecto a la presentación particular de la demanda. Además, debería mejorar la eficiencia judicial al ser resuelta por un solo juez de un solo tribunal. Como contrapartida, tiene el inconveniente de que el individuo pierde la capacidad de tomar decisiones durante el desarrollo del procedimiento, debiendo acatar los pareceres del letrado director del mismo y aceptar los posibles acuerdos a los que éste pudiera llegar.

En cualquier caso, sin que se puedan garantizar unos resultados satisfactorios para todos los afectados, sí hay que considerar la demanda conjunta como una posibilidad viable y muy a tener en cuenta a la hora de plantear una reclamación por un hecho que haya ocasionado un perjuicio colectivo, sea o no de carácter financiero.

Más información:

http://www.diariosur.es/malaga/201407/02/millar-malaguenos-agrupan-demandas-20140701224232.html

http://colectivos.adicae.net/

http://economia.elpais.com/economia/2014/03/19/actualidad/1395227675_230163.html

http://www.20minutos.es/noticia/1701404/0/

http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-despachos-abogados-estudian-demandas-colectivas-reclamar-auditores-via-penal-caso-gowex-20140708180622.html