Consumidores y demandas colectivas

Nuevamente, la crisis económica nos sirve para descubrir la excesiva permisividad normativa (a todos nos suena el término desregulación) que ha posibilitado al sector financiero la comercialización de productos no adecuados para determinados clientes o que contenían cláusulas abusivas en beneficio de la propia entidad.

La necesidad de defensa ante la proliferación y gravedad de este tipo de abusos ha llevado a los afectados a organizarse para reclamar conjuntamente ante la justicia, tanto a través de organizaciones de consumidores como de bufetes de abogados privados, de manera que se está generalizando la presentación de las demandas colectivas, contempladas en la legislación vigente (art. 34, Ley 29/1998, art. 11, Ley 1/2000, art. 24, RDL 1/2007) y que hasta hace poco tiempo eran casi desconocidas en España.

Los afectados de las estafas de Opening, Afinsa y Fórum Filatélico fueron pioneros en la presentación de demandas colectivas en España. El abogado Javier Cremades, en 2009, agrupó a dos afectados por el caso Madoff y demandó, en Estados Unidos, al Banco de Santander en su condición de intermediario de las operaciones.

Posteriormente, un juzgado de Sevilla admitió la demanda colectiva presentada por Ausbanc y, el 30 de septiembre de 2010, falló a favor de los demandantes, declarando el carácter abusivo de la cláusula suelo en los prestámos hipotecarios. Esta sentencia fue revocada por la Audiencia de Sevilla y después ratificada por el Tribunal Supremo.

Desde entonces, se ha extendido el uso de esta fórmula jurídica como instrumento válido para la denuncia de abusos masivos, ofreciendo como principal ventaja la económica; la mayor parte de los gastos son repartidos entre todos los demandantes, con lo cual la repercusión individual de los mismos disminuye respecto a la presentación particular de la demanda. Además, debería mejorar la eficiencia judicial al ser resuelta por un solo juez de un solo tribunal. Como contrapartida, tiene el inconveniente de que el individuo pierde la capacidad de tomar decisiones durante el desarrollo del procedimiento, debiendo acatar los pareceres del letrado director del mismo y aceptar los posibles acuerdos a los que éste pudiera llegar.

En cualquier caso, sin que se puedan garantizar unos resultados satisfactorios para todos los afectados, sí hay que considerar la demanda conjunta como una posibilidad viable y muy a tener en cuenta a la hora de plantear una reclamación por un hecho que haya ocasionado un perjuicio colectivo, sea o no de carácter financiero.

Más información:

http://www.diariosur.es/malaga/201407/02/millar-malaguenos-agrupan-demandas-20140701224232.html

http://colectivos.adicae.net/

http://economia.elpais.com/economia/2014/03/19/actualidad/1395227675_230163.html

http://www.20minutos.es/noticia/1701404/0/

http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-despachos-abogados-estudian-demandas-colectivas-reclamar-auditores-via-penal-caso-gowex-20140708180622.html

Consumo colaborativo, otra forma de ahorrar

El viejo trueque, que consistía originariamente en el intercambio de los excedentes de la producción agrícola y ganadera: el trigo que les sobraba a unos lo cambiaban por las ovejas que otros no necesitaban para su subsistencia, y que casi había desaparecido en los paises occidentales como fórmula de transacción comercial, resurge adaptando el concepto milenario del mismo, el simple canjeo de productos o servicios, a los hábitos y necesidades actuales, reapareciendo vinculado al llamado consumo colaborativo.

La facilidad para intercomunicar oferta y demanda a través de portales especializados de Internet, mediante las redes sociales, aplicaciones móviles, etc., contribuye significativamente a la expansión de esta forma de comercio, la cual permite cubrir cualquier necesidad (adquisición de libros de texto, reparación de la lavadora, corte de pelo, cuidado de niños…) ofreciendo en pago otro producto o la prestación de un servicio, sin tener que destinar para ello recursos económicos, generalmente escasos en el contexto de crisis en que nos encontramos, o reduciendo sensiblemente el desembolso.

Además de su contribución al ahorro familiar, el consumo colaborativo se nutre, o mejor dicho, retroalimenta el auge del consumo responsable, surgido en respuesta a la cultura de usar y tirar y del consumo compulsivo y desmesurado, y que aboga por preservar los recursos naturales del planeta y por contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas, usando para ello el poder que nos otorga nuestra condición de consumidores, el cual es comparable y complementario del que poseemos como ciudadanos con derecho a voto, siendo sus dos preceptos principales:

      1. Consumir menos: no tirar, reciclar, alargar el periodo de uso de las cosas, distinguir entre lo necesario y lo superfluo..,

      2. Convertir el hecho de la compra (de cualquier compra: desde un cepillo de dientes en el supermercado hasta un coche, pasando por un electrodoméstico o la contratación de un seguro de vida) en acto reivindicativo de una economía solidaria y sostenible, priorizando la adquisición de productos y servicios ofrecidos por empresas comprometidas (de forma práctica y demostrable, no como simple estrategia de marketing) con la protección del medio ambiente y con el sostenimiento de unos niveles óptimos de la calidad de vida de sus trabajadores y colaboradores.

Compartir, prestar, alquilar, reciclar, comprar con criterio solidario…, ya sea como consecuencia de una situación de precariedad económica y/o como resultado de la toma de conciencia de la necesidad de cambiar los hábitos de consumo, son formas, además del trueque o intercambio, de economía colaborativa, la cual está contribuyendo a la sensibilización social en cuanto a la necesidad de renovar o suprimir algunos dogmas del sistema económico vigente, que amenazan con producir cambios irreversibles en el entorno natural del planeta y, en consecuencia, en el bienestar de las personas que lo habitamos.

Más información sobre consumo colaborativo:

http://www.consumocolaborativo.com/directorio-de-proyectos/

http://blogs.20minutos.es/capeando-la-crisis/

http://www.ahorradoras.com/

https://timerepublik.com/

http://www.alkiloo.com/

http://tratojusto.es/

http://ecoinventos.com/turismo-eco-y-colaborativo-hay-otra-forma-de-viajar/

https://www.9flats.com/

Comunidad de vecinos España

Salva Solano, articulista y administrador de fincas, relata en el post “Comunidad de vecinos España” de su blog “Vota y calla” su experiencia al entrar a administrar una comunidad en situación de quiebra técnica y como consiguió sacar a flote sus finanzas haciendo simplemente lo que había que hacer: 1) establecer como su objetivo principal la mejora de la situación de sus comuneros, 2) poner todas sus capacidades al servicio de ese objetivo.

La rápida recuperación de la normalidad económica puso de manifiesto que el anterior administrador había concentrado sus esfuerzos en otros objetivos que no eran ni conseguir el bienestar de los vecinos ni realizar su trabajo con eficacia y honradez.

Este episodio sirve de modelo para probar el curioso paralelismo existente entre la gestión pública (Política) y la de una comunidad de propietarios (política pequeña), que Salva explora en su entrada y yo comenté en este blog, y de cuyo análisis podríamos obtener valiosas conclusiones en cuanto a nuestras actitudes como comuneros y como ciudadanos, y en cuanto a lo que debemos exigir a y esperar de nuestros administradores, tanto públicos (políticos) como privados (administradores de fincas).

Tanto por su contenido como por el ejercicio implícito de autocritica de nuestro gremio profesional, tan necesario en todos los ámbitos corporativos, os recomiendo que leáis Comunidad de vecinos España.

 

El papel de las asociaciones de consumidores

El efecto desvastador que la crisis económica en la que seguimos inmersos ha tenido sobre millones de familias y empresas ha puesto de manifiesto, desgraciadamente de forma traumática, algunos aspectos de la legislación que, a pesar de tener vigencia desde hace décadas, en nada atienden a los principios de igualdad y justicia sobre los que deberían desarrrolarse las leyes que regulan la convivencia, siendo en otros casos la falta de regulación y la excesiva permisividad las que han dejado desprotegidos a ciudadanos y a pymes ante los intereses de especuladores y grandes corporaciones.

Por recordar algunos ejemplos: ejecuciones hipotecarias con pérdida de vivienda pero con obligación de seguir pagando el capital pendiente, cláusulas techo y suelo, preferentes y productos financieros complejos, empresas que falsean su contabilidad y arruinan a sus accionistas…

En este escenario, las asociaciones de consumidores y usuarios han adquirido un papel fundamental como catalizadoras de las demandas de ciudadanos que se han visto abocados a una situación límite y que no disponen de los medios ni de la información necesaria para enfrentarse a ella.

Ocu, Facua, Adicae, Ceaccu, etc., son algunas de las organizaciones de consumidores que asesoran a sus socios afectados sobre las posibles soluciones a sus problemas y les prestan el apoyo jurídico necesario para defender sus intereses con un coste por lo general inferior al que les supondría contratar directamente a un abogado. Además, y especialmente Adicae, coordinan la presentación de demandas colectivas, fórmula que agiliza enormemente los trámites de los pleitos que reunen determinadas características.

Así mismo, reinvindican activamente la eliminación de los desequilibrios y carencias legales que pudieran haber dado lugar a la situación actual, ya sea planteando modificaciones legislativas ante la administración pública o promoviendo eventos divulgativos y de presión social.

A la informativa y a la reivindicativa hay que añadir la labor formativa, la cual resulta fundamental porque la falta de información conlleva la incapacidad de proyectar correctamente en el futuro las posibles consecuencias de cualquier decisión que se tome, máxime cuando se trata de adquirir un compromiso económico durante veinte, treinta o cuarenta años, en el caso de las hipotecas, o de invertir los ahorros de toda la vida, por lo que las asociaciones de consumidores se postulan como fuentes de formación e información veraz e imparcial, dentro de sus ámbitos de actuación, que permitirían al consumidor tomar decisiones adecuadas y conscientes, evitando así repetir los errores que han contribuido a generar el actual estado de cosas.

Fuera del ámbito financiero, las organizaciones de consumidores suelen ofrecer información sobre productos, suministros y servicios, así como servicios de asesoría fiscal y jurídica, a fin de tramitar reclamaciones por fraudes, irregularidades en la prestación de servicios o productos defectuosos. Cabe destacar las comparativas realizadas por OCU en su revista Compra Maestra, que son una heramienta de gran utilidad a la hora de tomar una decisión de compra de productos (alimentación, material informático, electrodomésticos, coches…) o de contratar un servicio o suministro (electricidad, gas, telefonía, seguros…).

 

Más información sobre asociaciones de consumidores:

AECOSAN (antes Instituto Nacional de Consumo), listado de organizaciones de consumidores.

 

Abrir la puerta de casa con el móvil

Para abrir la puerta de casa, del garaje, del negocio… no va ser necesario hacer uso de las conocidas llaves de serreta o de puntos; se podrá hacer con el teléfono móvil.

Aunque no es una tecnología novedosa (en España lleva varios años aplicándose, principalmente en puertas motorizadas), el desarrollo de nuevas cerraduras accesibles mediante bluetooth, internet, sms, o mediante una simple llamada, pero siempre con el teléfono móvil o la tablet como dispositivos de accionamiento, hacen prever un uso masivo de las mismas para el acceso a nuestras viviendas, garajes o lugares de trabajo, desplazando a las llaves tradicionales al papel de instrumento de reserva, a usar sólo en caso de fallo del componente digital.

El marketing de los fabricantes y vendedores de móviles nos ha venido adelantando desde hace años la idea de que llegaría el momento en que podríamos salir desnudos de casa porque con sólo llevar el móvil dispondríamos de todo lo que pudiéramos necesitar: dinero, mapas, música, linterna, televisión, trabajo, comida, reloj, amigos… y parece ser que tenían razón porque todo eso ya lo podemos llevar y, además, ahora también el manojo de llaves bajo las que guardamos nuestras cosas importantes, que tanto abulta y con tanta facilidad perdemos, sin olvidar que podemos, de forma remota, subir o bajar el toldo del ventanal o de la persiana, parametrizar los ciclos de riego del jardín o de las macetas de la terraza, detectar si ha entrado un intruso y avisar a la policía o si falta leche en el frigorífico y hacer el pedido al supermercado…

Más información sobre apertura de cerraduras con el móvil y domótica:

 

http://www.ismartgate.com/languages/castella/

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/08/22/actualidad/1408729241_274896.html

http://www.gatecontrol.es/

http://www.iomando.com/

http://www.xatakahome.com/categoria/domotica

Pagamos menos luz?

Tras haber recibido la última factura de la luz, a la que se aplica la nueva fórmula de cálculo de las tarifas eléctricas reguladas (P.V.P.C.), y comparar los precios de mayo-julio 2014 con el mismo periodo de 2013 se pueden sacar pocas conclusiones definitivas, ya que se observa que ha subido el 92,04 % el término de potencia (la parte fija de la factura) mientras baja sobre un 17% el término de energía (lo que consumimos), con lo cual y aunque, dependiendo del consumo y la potencia contratada, en algunos casos pueda haber sido más barata la factura en julio de 2014, sí se puede afimar que:

  1. En general, con las nuevas tarifas, no ha bajado la factura eléctrica..

  2. Es más complejo entender las facturas e intentar planificar el gasto para conseguir ahorrar.

Lo segundo ya se sabía porque la nueva normativa vincula el precio de la energía que gastamos en nuestras viviendas al del mercado mayorista, el cual varia cada hora de cada día del año, pero teníamos la esperanza de que este nuevo esfuerzo para comprender la factura eléctrica se viera compensado con una disminuación de ésta y ya vemos que, con algunas excepciones, no es así.

Según la calculadora Lumios, disponible en la web de Red Eléctrica, el precio del término de energía de la Tarifa General entre el 1 de abril y el 30 de junio ha sido de 0,108722 €/kWh, subiendo a 0,116578 €/kWh durante el mes de julio, subida que podría haber sido mayor de no ser por la aportación eólica, mayor de lo prevista para este mes del año.

OCU y El Economista, prevén que persista el alza de precios, con lo cual parece ser que la luz no solo no va a bajar sino que va a seguir subiendo igual que cuando se establecían los precios en función de las subastas trimestrales, las cuales fueron sustituidas por la nueva fórmula de cálculo.

Finalmente, señalar la importacia de la aportación a la producción eléctrica de las energías renovables, especialmente la eólica, la cual repercutirá a la baja sobre el precio del término de energía.

Administración de fincas y tecnología

El uso masivo de las TIC ha hecho que el precio de dispositivos y servicios tecnológicos haya descendido considerablemente siendo accesible para todos, provocando profundos cambios en nuestros hábitos como consumidores y en las estructuras de las empresas que nos proveen de productos y servicios; los responsables de tiendas de ropa, librerías, zapaterías, electrodomésticos, ferreterías, etc. ya no buscan locales comerciales bien situados para instalar su tienda física, sino plataformas eficientes de comercio electrónico y servidores seguros para alojar sus tiendas on-line, incluso, en algunos casos y sustentados en infraestructuras informáticas adecuadas, externalizan sus procesos logísticos, careciendo de almacenes propios.

Así mismo, empresas proveedoras de servicios como agencias de viajes, seguros, bancos, inmobiliarias, restauración, cambio de neumáticos, etc., tradicionalmente vinculados a un local comercial, aprovechan las ventajas que proporcionan los avances en informática y telecomunicaciones para gestionar on-line la mayor parte de sus procesos.

En el ámbito de los servicios al hogar y, en concreto, en el de la administración de fincas, ya es habitual el uso de teléfono, correo electrónico, wasap y, aunque no tanto, videoconferencia, como canales de comunicación. Estos medios se van convirtiendo en el principal espacio de encuentro y comunicación comunero-administrador, reduciendo el uso del despacho físico a gestiones muy concretas en las que sea necesario consultar documentación en papel o porque, por cualquier circunstancia, resulte más cómodo o conveniente celebrar una reunión en el mismo.

Además de las ya mencionadas, se cuenta con una herramienta muy útil, específica para el administrador de fincas, que es el Despacho 24 Horas (u Oficina Virtual, Despacho Web, etc.., denominada de distinta forma según la empresa desarrolladora). Se trata de una aplicación web basada en el cloud-computing o servicios en la nube mediante la que se pone a disposición de los comuneros información actualizada de la comunidad, así como la posibilidad de realizar notificaciones al administrador.

Otras innovaciones de las TIC aplicables a la administración de fincas son:

  • Aplicaciones móviles para la gestión de comunidades: la información más relevante de la comunidad está disponible en la tablet o el móvil del administrador de fincas, permitiéndole realizar las mismas gestiones que podría efectuar desde su ordenador de sobremesa, lo cual facilita su movilidad y, por tanto, el contacto personal con sus clientes.
  • Correo electrónico certificado: permite realizar notificaciones fehacientes con validez jurídica a través del correo electrónico y cuesta 1,85 € +IVA (hasta 250 kbs), menos de la mitad que un correo postal certificado.
  • Participación telemática en Juntas Generales: los medios técnicos para realizarla existen y son asequibles, aunque, al no existir una regulación específica, podrían plantearse dudas sobre su encaje jurídico.

Sin ignorar sus inconvenientes (por ejemplo, en el momento de escribir este post el servidor en el que alojo www.arojo.es lleva más de diez horas caído) y protegiéndonos de ellos, nos vamos familiarizando con el uso de esta oleada de nuevos dispositivos, servicios y aplicaciones. Las ventajas que nos proporcionan son incuestionables en el entorno profesional y se traducen en disminución de costes a la vez que en agilización de la relación con el cliente.

Ahora, tras año y medio de actividad haciendo uso de los recursos tecnológicos descritos, considero que mi clientela disfruta de unas prestaciones personalizadas y de calidad, y que, en colaboración, con un gran equipo de profesionales, indispensable para el buen funcionamiento de las comunidades, puedo ofrecer mis servicios como administrador de fincas con la seguridad de que gestionaremos los edificios que nos sean encomendados de forma responsable y eficiente.

 

Indemnizados por inclusión en registro de morosos

Ayer leí la noticia de que el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Madrid que condenaba a France Telecom a indemizar a un cliente que había sido indebidamente incluido en una lista de morosos. He buscado un poco y he comprobado que no es el único caso. Resulta reconfortante que de vez en cuando la Justicia dé un tirón de orejas a las empresas que, de forma un tanto arbitraria, incluyen a sus clientes en esos oscuros ficheros de morosos, porque permite conservar la fe en que nuestro derecho al pataleo, que o no ejercemos o lo hacemos con la convicción previa de que no servirá para nada, a veces sí nos vale para que no nos pasen el rodillo repetidamente y en todas direcciones.

Este es el enlace a la noticia, aparecida en www.cadenaser.com el 02/08/2014, y redactada por Sergio Ondiviela.

 
Otros casos similares:

Diario La Vanguardia
Diario La Verdad.
Diario El Comercio

 

 

El debate en la comunidad de propietarios

La analogía existente entre el ascensor que uso para subir a mi casa y el metro que lleva a un valenciano a su lugar de trabajo, entre el pasillo que recorro desde ese ascensor hasta la puerta de entrada a mi vivienda y las calles por las que discurrimos a diario, entre el portero de un edificio y el funcionario recepcionista de un ayuntamiento, etc., hace que los debates sobre zonas comunes de un edificio en régimen de propiedad horizontal y sobre zonas comunes (o públicas) de una ciudad o un país se consideren también, salvando las distancias y cada uno en su ámbito, análogos, ya que para que se desarrollen con normalidad deben conocerse las normas legales que los rigen y respetar la opinión ajena y el derecho a que esta sea expresada.

La celebración de la Junta General de una comunidad de propietarios es una de las formas primarias de la práctica democrática. El foro en el que se debaten, bajo unas reglas preestablecidas, asuntos concernientes a un espacio determinado y compartido, en el que varias personas deben ponerse de acuerdo en la manera de usar y cuidar unas instalaciones comunitarias sin las cuales no podrían existir las propiedades privadas de cada una de ellas.

En muchos casos ese acuerdo no llega de forma espontánea y hay que recurrir a la votación, computar votos y acatar como válida la solución que la mayoría de los participantes han considerado más adecuada, siendo necesaria previamente la celebración del debate, que, en algunos casos, según la importancia del tema tratado, se podría defirnir como «intenso», porque el número de intervenciones es muy alto ya que las distintas posiciones quieren exponer sus argumentos y contraargumentos, e interpelar o responder a interpelaciones, aumentado su intensidad y duración.

Algunas veces, esa intensidad, con algún grito o alguna interrupción de por medio, casi inevitables, no impide que la controversia se resuelva con normalidad, asistiendo ordenadamente a la exposición, en algunos casos brillante, de una serie de opiniones enfrentadas pero correctamente argumentadas en cuanto a coherencia , tono y a ausencia de descalificaciones personales.

Otras, en cambio, la intensidad se convierte en virulencia, en gritos, en vulneración del turno de palabra ajeno y, finalmente, en menosprecio o insulto. A partir de este momento, el administrador de fincas tiene que aplicar todas sus capacidades para retomar el control de la situación y para intentar conciliar y acercar posiciones. Y, por supuesto, los vecinos que lo hayan perdido, recuperar el tono democrático y la buena educación.

Es de agradecer que habitualmente las comunidades resuelvan sus asuntos mediante debates intensos pero no crispados, y recomendable que durante los mismos se respeten turnos de palabra y se eviten expresiones ofensivas, para evitar que la comunidad entre en la dinámica (que a veces tarda años en romperse) del enfrentamiento entre comuneros y así conseguir una convivencia pacífica y gratificante para todos.

Modificaciones Ley de Propiedad Horizontal

La entrada en vigor, el pasado día 28 de junio, de la Ley 8/2013, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, supone una amplia reforma, entre otras normas, de la Ley de Propiedad Horizontal, la cual ha sido objeto de modificación en sus artículos 2, 3, 9, 10 y 17, siendo también derogados los artículos 8, 11 y 12.

En el contexto de crisis en que nos encontramos, son varios los cambios dirigidos a combatir la morosidad en las comunidades de propietarios, aunque el que tendrá una repercusión más directa sobre las cuentas de éstas es la modificación del artículo 9.1.e, que:

1)     Amplía, al año corriente y a los tres anteriores, el periodo de preferencia de los créditos de la comunidad frente a otros acreedores de un comunero moroso.

2)     Amplía, al año corriente y a los tres anteriores, el periodo por el que un nuevo propietario deberá responder de las deudas contraídas con la comunidad por el anterior titular.

Las dos medidas anteriores están enfocadas a aliviar la crítica situación económica que están atravesando muchas comunidades a causa de los impagos de las entidades financieras que se adjudican inmuebles como consecuencia de deshaucios o de daciones en pago, y no cumplen con sus obligaciones dinerarias para el sostenimiento del edificio.

 

Otro objetivo de las modificaciones introducidas en la LPH, es fomentar la rehabilitación y mejora del parque inmobiliario español y, en consecuencia, el relanzamiento del sector de la construcción, que, a su vez, deberá contribuir a la activación económica del país y a la creación de puestos de trabajo.

Se pretende que las comunidades inviertan en mejorar el estado general de los edificios, la accesibilidad para personas con minusvalías, la eficiencia energética, las instalaciones de telecomunicaciones, etc. Para ello, se relaja la exigencia en cuanto a las mayorías necesarias para la aprobación de este tipo de obras, e incluso, el Estado, en el nuevo texto del artículo 10, se atribuye la facultad de obligar a que se realicen determinadas obras si fuera considerado necesario por la autoridad competente en la materia, aunque ello pudiera suponer la modificación del título constitutivo, limitando el poder de decisión de la comunidad en este caso a la mera aprobación de la forma de reparto de la derrama, necesaria para sufragar las obras.

 

A fin de facilitar la aplicación de las nuevas reformas, a partir de ahora, el Título Constitutivo del edificio, recogido en la escritura de Obra Nueva y División Horizontal debidamente inscrita en el Registro de la Propiedad, que hasta ahora había resultado casi inalterable ya que su modificación requería acuerdo unánime, podrá modificarse con el voto favorable de las tres quintas partes de los comuneros y previa autorización administrativa, o por  imposición administrativa.

 

Ya fuera del ámbito de la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley 8/2013, con el fin de articular y facilitar el cumplimiento de sus objetivos, modifica varias disposiciones, entre las que se encuentran:

 

  • Ley 1/2013, de 14 de mayo, de medidas para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social.
  • Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de reestructuración y resolución de entidades de crédito.
  • Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos.
  • Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación
  • Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.
  • Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.

Cortometraje con origen murciano

 

El équipo del artista murciano Álvaro Granados ha creado el cortometraje de animación Eideann,   que cuenta una historia  ambientada en la Escocia  del  siglo XIV.

El cortometraje fue presentado el pasado 24 de mayo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid, y ahora se necesitan aportaciones, no necesariamente económicas,  para promocionarlo,  presentándolo al mayor número posible de festivales nacionales e internacionales.

El proyecto ha contado con el patrocinio de la empresa murciana Sanidelia, dedicada al control de plagas.

Otra forma de colaboración es difundirlo por la redes sociales: