Dividendo digital, el gobierno subvencionará la reantenización

El pasado viernes, el consejo de ministro aprobó el real decreto que contiene el nuevo plan de la TDT y regula la liberación del dividendo digital.

Finalmente, el coste del proceso de reantenización (o resintonización de antenas) para reubicar los canales de la TDT es de 290 millones de euros aproximadamente, el cual será subvencionado por el gobierno, de forma que las comunidades de propietarios podrán solicitar el reintegro del gasto del citado proceso. Según fuentes del ministerio, en las próximas semanas se aprobará un real decreto que regulará la concesión de las ayudas.

Para realizar la reantenización, previamente deberá haber tenido lugar el encendido de Simulcast, que consiste en el comienzo de la emisión en su nueva frecuencia de emisión de los canales TDT que van a ser trasladados, de manera que dichos canales se podrán recibir a través de dos frecuencias: la actual, a través de la que dejarán de emitir el 31 de diciembre, y la nueva, que es la única que emitirá a partir del 1 de enero.

Según el calendario previsto, en varias zonas de España, entre ellas la Región de Murcia, el encendido de Simulcast ya debería haber tenido lugar, aunque instaladores autorizados han informado de que se están produciendo retrasos en el despliegue del mismo.

Para facilitar información al ciudadano sobre la implantación del dividendo digital, el ministerio ha habilitado dos números de teléfono: 954 307 796 y 901 20 10 04, y el sitio web: http://www.televisiondigital.es/Paginas/Index.aspx.

El papel de las asociaciones de consumidores

El efecto desvastador que la crisis económica en la que seguimos inmersos ha tenido sobre millones de familias y empresas ha puesto de manifiesto, desgraciadamente de forma traumática, algunos aspectos de la legislación que, a pesar de tener vigencia desde hace décadas, en nada atienden a los principios de igualdad y justicia sobre los que deberían desarrrolarse las leyes que regulan la convivencia, siendo en otros casos la falta de regulación y la excesiva permisividad las que han dejado desprotegidos a ciudadanos y a pymes ante los intereses de especuladores y grandes corporaciones.

Por recordar algunos ejemplos: ejecuciones hipotecarias con pérdida de vivienda pero con obligación de seguir pagando el capital pendiente, cláusulas techo y suelo, preferentes y productos financieros complejos, empresas que falsean su contabilidad y arruinan a sus accionistas…

En este escenario, las asociaciones de consumidores y usuarios han adquirido un papel fundamental como catalizadoras de las demandas de ciudadanos que se han visto abocados a una situación límite y que no disponen de los medios ni de la información necesaria para enfrentarse a ella.

Ocu, Facua, Adicae, Ceaccu, etc., son algunas de las organizaciones de consumidores que asesoran a sus socios afectados sobre las posibles soluciones a sus problemas y les prestan el apoyo jurídico necesario para defender sus intereses con un coste por lo general inferior al que les supondría contratar directamente a un abogado. Además, y especialmente Adicae, coordinan la presentación de demandas colectivas, fórmula que agiliza enormemente los trámites de los pleitos que reunen determinadas características.

Así mismo, reinvindican activamente la eliminación de los desequilibrios y carencias legales que pudieran haber dado lugar a la situación actual, ya sea planteando modificaciones legislativas ante la administración pública o promoviendo eventos divulgativos y de presión social.

A la informativa y a la reivindicativa hay que añadir la labor formativa, la cual resulta fundamental porque la falta de información conlleva la incapacidad de proyectar correctamente en el futuro las posibles consecuencias de cualquier decisión que se tome, máxime cuando se trata de adquirir un compromiso económico durante veinte, treinta o cuarenta años, en el caso de las hipotecas, o de invertir los ahorros de toda la vida, por lo que las asociaciones de consumidores se postulan como fuentes de formación e información veraz e imparcial, dentro de sus ámbitos de actuación, que permitirían al consumidor tomar decisiones adecuadas y conscientes, evitando así repetir los errores que han contribuido a generar el actual estado de cosas.

Fuera del ámbito financiero, las organizaciones de consumidores suelen ofrecer información sobre productos, suministros y servicios, así como servicios de asesoría fiscal y jurídica, a fin de tramitar reclamaciones por fraudes, irregularidades en la prestación de servicios o productos defectuosos. Cabe destacar las comparativas realizadas por OCU en su revista Compra Maestra, que son una heramienta de gran utilidad a la hora de tomar una decisión de compra de productos (alimentación, material informático, electrodomésticos, coches…) o de contratar un servicio o suministro (electricidad, gas, telefonía, seguros…).

 

Más información sobre asociaciones de consumidores:

AECOSAN (antes Instituto Nacional de Consumo), listado de organizaciones de consumidores.

 

Cambios en la antena de la comunidad

Se denomina dividendo digital al traslado de varios canales de la TDT a otras frecuencias a fin de dejar libre el espacio radioeléctrico que ahora ocupan para ser utilizado en el despliegue de los servicios de telefonía móvil 4G,

Este proceso, que implicará la liberación de la banda comprendida entre los 790Mhz y los 862Mhz y que abarca los canales 61 a 69 de la TDT (Cuatro, La Sexta, Antena 3 y Telecinco), se enmarca dentro de un programa de la Unión Europea y deberá estar terminado antes del 1 de enero de 2015.

Antes de esa fecha, habrá un periodo, denominado Simulcast, en el que se dará una duplicidad de los canales a trasladar, los cuales una vez finalizado el proceso dejarán de emitir en sus actuales frecuencias, pasando a hacerlo en la nueva ubicación.

Una vez iniciado Simulcast y antes del 1 de enero, las comunidades de propietarios deberán resintonizar sus antenas de televisión de forma que reciban la señal de los canales en sus nuevas frecuencias.

El coste de dicha resintonización dependerá del tipo de cabecera existente en cada edificio: en el caso de cabeceras modulares, habrá que instalar tres nuevos módulos que cuestan entre 80 y 100 euros aproximadamente cada uno; si la cabecera dispone de centralita programable, el gasto podrá oscilar entre los 40 y 60 euros.

Desde las asociaciones de instaladores advierten que la tecnología 4G interferirá la señal de la TDT y que, muy probablemente, será necesario realizar otras modificaciones (instalación de filtros, reubicación o cambio de antena, etc.) en las cabeceras de TV de los edificios, siendo muy aventurado valorar de antemano el coste de las mismas, ya que hasta que las operadoras no comiencen la emisión 4G no se podrá conocer la incidencia de ésta sobre la calidad de recepción de la TDT en cada comunidad de propietarios.

 

 

 

Abrir la puerta de casa con el móvil

Para abrir la puerta de casa, del garaje, del negocio… no va ser necesario hacer uso de las conocidas llaves de serreta o de puntos; se podrá hacer con el teléfono móvil.

Aunque no es una tecnología novedosa (en España lleva varios años aplicándose, principalmente en puertas motorizadas), el desarrollo de nuevas cerraduras accesibles mediante bluetooth, internet, sms, o mediante una simple llamada, pero siempre con el teléfono móvil o la tablet como dispositivos de accionamiento, hacen prever un uso masivo de las mismas para el acceso a nuestras viviendas, garajes o lugares de trabajo, desplazando a las llaves tradicionales al papel de instrumento de reserva, a usar sólo en caso de fallo del componente digital.

El marketing de los fabricantes y vendedores de móviles nos ha venido adelantando desde hace años la idea de que llegaría el momento en que podríamos salir desnudos de casa porque con sólo llevar el móvil dispondríamos de todo lo que pudiéramos necesitar: dinero, mapas, música, linterna, televisión, trabajo, comida, reloj, amigos… y parece ser que tenían razón porque todo eso ya lo podemos llevar y, además, ahora también el manojo de llaves bajo las que guardamos nuestras cosas importantes, que tanto abulta y con tanta facilidad perdemos, sin olvidar que podemos, de forma remota, subir o bajar el toldo del ventanal o de la persiana, parametrizar los ciclos de riego del jardín o de las macetas de la terraza, detectar si ha entrado un intruso y avisar a la policía o si falta leche en el frigorífico y hacer el pedido al supermercado…

Más información sobre apertura de cerraduras con el móvil y domótica:

 

http://www.ismartgate.com/languages/castella/

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2014/08/22/actualidad/1408729241_274896.html

http://www.gatecontrol.es/

http://www.iomando.com/

http://www.xatakahome.com/categoria/domotica

Pagamos menos luz?

Tras haber recibido la última factura de la luz, a la que se aplica la nueva fórmula de cálculo de las tarifas eléctricas reguladas (P.V.P.C.), y comparar los precios de mayo-julio 2014 con el mismo periodo de 2013 se pueden sacar pocas conclusiones definitivas, ya que se observa que ha subido el 92,04 % el término de potencia (la parte fija de la factura) mientras baja sobre un 17% el término de energía (lo que consumimos), con lo cual y aunque, dependiendo del consumo y la potencia contratada, en algunos casos pueda haber sido más barata la factura en julio de 2014, sí se puede afimar que:

  1. En general, con las nuevas tarifas, no ha bajado la factura eléctrica..

  2. Es más complejo entender las facturas e intentar planificar el gasto para conseguir ahorrar.

Lo segundo ya se sabía porque la nueva normativa vincula el precio de la energía que gastamos en nuestras viviendas al del mercado mayorista, el cual varia cada hora de cada día del año, pero teníamos la esperanza de que este nuevo esfuerzo para comprender la factura eléctrica se viera compensado con una disminuación de ésta y ya vemos que, con algunas excepciones, no es así.

Según la calculadora Lumios, disponible en la web de Red Eléctrica, el precio del término de energía de la Tarifa General entre el 1 de abril y el 30 de junio ha sido de 0,108722 €/kWh, subiendo a 0,116578 €/kWh durante el mes de julio, subida que podría haber sido mayor de no ser por la aportación eólica, mayor de lo prevista para este mes del año.

OCU y El Economista, prevén que persista el alza de precios, con lo cual parece ser que la luz no solo no va a bajar sino que va a seguir subiendo igual que cuando se establecían los precios en función de las subastas trimestrales, las cuales fueron sustituidas por la nueva fórmula de cálculo.

Finalmente, señalar la importacia de la aportación a la producción eléctrica de las energías renovables, especialmente la eólica, la cual repercutirá a la baja sobre el precio del término de energía.

Indemnizados por inclusión en registro de morosos

Ayer leí la noticia de que el Tribunal Supremo ha confirmado la sentencia de la Audiencia de Madrid que condenaba a France Telecom a indemizar a un cliente que había sido indebidamente incluido en una lista de morosos. He buscado un poco y he comprobado que no es el único caso. Resulta reconfortante que de vez en cuando la Justicia dé un tirón de orejas a las empresas que, de forma un tanto arbitraria, incluyen a sus clientes en esos oscuros ficheros de morosos, porque permite conservar la fe en que nuestro derecho al pataleo, que o no ejercemos o lo hacemos con la convicción previa de que no servirá para nada, a veces sí nos vale para que no nos pasen el rodillo repetidamente y en todas direcciones.

Este es el enlace a la noticia, aparecida en www.cadenaser.com el 02/08/2014, y redactada por Sergio Ondiviela.

 
Otros casos similares:

Diario La Vanguardia
Diario La Verdad.
Diario El Comercio

 

 

Nueva Ley de Telecomunicaciones; expropiación de azoteas.

El pasado 11 de mayo, fecha en que entró vigor la nueva Ley 9/2014 de Telecomunicaciones, puede convertirse en el punto de inflexión en cuanto a la forma en que las comunidades de propietarios han venido obteniendo rendimiento económico de las azoteas de sus edificios mediante el arriendo de las mismas a operadores de telecomunicaciones para la instalación de sus antenas de telefonía. Además, la nueva ley  acrecienta las dudas sobre la manera de entender y aplicar la figura de la expropiación forzosa en aras del interés general, cuando el beneficiario de la misma es una entidad privada que obtendrá suculentos beneficios de su explotación, que ni los repartirá entre las personas directamente afectadas por dicha expropiación ni los compartirá con el Estado, que tan generosamente le ha facilitado la consecución de los mismos.

La posibilidad de que los operadores de telecomunicaciones pudieran ser beneficiarios de una expropiación  para la instalación de sus antenas ya se contemplaba en la anterior Ley 11/1998 General de Telecomunicaciones, ahora derogada, aunque supeditaba a las normativas de Comunidades Autónomas y Ayuntamientos los permisos definitivos, tanto en lo referente a ordenación urbanística como a protección de la salud pública y del medio ambiente, por lo que los operadores no habían hecho uso del derecho de expropiación sino que pactaban el pago de una renta por el uso de las azoteas, conservando las comunidades la facultad de aceptar o no la propuesta de arrendamiento según lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Propiedad Horizontal, que establece un quorum de 3/5 partes del total de propietarios para la aprobación del arrendamiento de zonas comunes.

Ahora, con la nueva ley, las instituciones autonómicas y municipales quedan desprovistas de su capacidad de decidir sobre la conveniencia de las ubicaciones de las citadas estaciones, quedando tal decisión en manos de la empresa de telefonía y del organismo correspondiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, de forma que la primera podrá elegir el edificio que mejores condiciones reúna para realizar su instalación y, alegando el «interés publico» de la misma, instará al segundo el inicio de un expediente de expropiación de propiedad o de derecho de uso, que, de ser aprobado,  implicaría su aceptación irrevocable por parte de la Comunidad de Propietarios.

Claramente, a las compañías telefónicas les resultará mucho más barato recurrir a la expropiación que continuar pagando a las comunidades el arredamiento de las azoteas de los edificio, por lo que los contratos  que vayan venciendo podrán ser cancelados o rebajadas sus rentas de forma considerable ya que las empresas dispondrán ahora de la formidable herramienta de presión que les ha proporcionado la nueva ley (ver artículos 29, 30, 31, 32 y 33) para conseguir disminuir sus gastos a costa de los comuneros,  propietarios de un bien del que no podrán seguir obteniendo un rendimiento que legítimamente les correspondería, si la legislación permitiera ejercitar en igualdad de condiciones los principios de la oferta y la demanda que sustentan el sistema económico en el que vivimos.

El Consejo General de Colegios de Administradores de Fincas ha emitido una nota de prensa en la que manifiesta su oposición al articulado de la nueva ley de telecomunicaciones que permite la expropiación de zonas comunes en edificios, y que ha recurrido al Defensor del Pueblo para obtener amparo ante la violación «… del derecho a la propiedad privada de los ciudadanos españoles». 

Por parte del Ministerio de Industria se argumenta que la medida contribuirá a mejorar la calidad del acceso a Internet de todos los ciudadanos a la vez que se conseguirá reducir su precio.

 

Más información:

Diario Información

Diario El Mundo

Diario ABC

Diario El Periódico

Diario La Opinión de Murcia

 

 

 

 

OCU, compra colectiva de telefonía.

Tras la iniciativa de promover una compra colectiva de energía el pasado otoño, ahora la Organización de Consumidores y Usuarios ha puesto en marcha la campaña Quiero Pagar Menos Móvil. Al igual que la anterior se trata de reunir el mayor número posible de usuarios de telefonía móvil (no incluye telefonía fija ni ADSL) interesados en mejorar las tarifas que ahora están pagando, a fin de organizar una subasta entre los operadores para que éstos realicen ofertas orientadas a la captación de un gran volumen de clientes, lo que redundará en una considerable mejora de sus condiciones habituales. El plazo de inscripción finalizará el 21 de mayo próximo y la subasta tendrá lugar al día siguiente.

Toda la información en www.quieropagarmenosmovil.org.

Mercado eléctrico: nuevas tarifas reguladas.

Tal como estaba previsto, el pasado 29 de marzo se publicó en el BOE el  RD 216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen jurídico de contratación, el cual desarrolla el cambio en el cálculo de las tarifas eléctricas reguladas que estableció a finales de 2013 el Gobierno.

Desde la aprobación de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, dejaron de existir las Tarifas de Último Recurso (TUR), siendo sustituidas por el Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC).

El coste de producción de la electricidad, determinante en el precio de las TUR, se estimaba  en función del resultado de las subastas trimestrales de electricidad, denominadas CESUR, que se han venido celebrando al efecto, la última de ellas, el 19 de diciembre de 2013, anulada por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) por haber concurrido “circunstancias atípicas” en su desarrollo.

Ante la anulación de esta última subasta CESUR y la publicación de la nueva ley que derogaba las TUR y establecía los PVPC sin que en ella se regulara la forma de cálculo de los mismos, los más de dieciséis millones de usuarios acogidos a la anterior TUR quedaron sin una referencia para fijar el precio de las tarifas reguladas, por lo que el Gobierno, mediante el RD-ley 17/2013, estableció el precio de la electricidad para el primer trimestre de 2014.

Posteriormente y con la publicación de la Resolución del 31/01/2014 de la Dirección General de Política Energética y Minas, se modificó el coste de la parte fija de la factura o Término de Potencia, aumentándolo casi un 18%, quedando en 42,043426 euros/kW y año,  y estableció el precio de la parte variable o Término de Energía en 0,124107 €/Kwh, suponiendo éste una disminución de 0,009188 €/Kwh sobre el precio anterior.

Las comercializadoras autorizadas para aplicar el Precio Voluntario al Pequeño Consumidor son las mismas que anteriormente lo estaban para aplicar las TUR, que se denominaban Comercializadoras de Último Recurso y ahora Comercializadoras de Referencia, y que son las siguientes:

Endesa Energía XXI, S.L.U.

Iberdrola Comercialización de Último Recurso, S.A.U.

Gas natural S.U.R. SDG, S.A.

E.ON Comercializadora de Último Recurso, S.L.

EDP Comercializadora de Último Recurso, S.A.

El nuevo Real Decreto 216/2014, de 28 de marzo, establece la forma de cálculo de los PVPC en base al coste de producción de la energía eléctrica, a los peajes de acceso y a los costes de comercialización.

La principal novedad que aporta la nueva forma de cálculo del precio de la electricidad (insisto, para los usuarios acogidos a las desaparecidas TUR, con potencia contratada menor de 10 Kw) es que uno de los conceptos a tener en cuenta para determinar el coste de producción de la energía será el precio horario (de cada hora del día de cada día del año) que marque el mercado mayorista, en sustitución de las referencias de precio resultantes de  las subastas CESUR que, como he indicado, se venían celebrando hasta el pasado 19 de diciembre.

Todos los demás conceptos que configuran los precios del Término de Potencia (parte fija de la factura) y del Término de Energía (parte variable de la factura o consumo en Kw/hora), seguirán siendo establecidos por el Gobierno.

En la nueva normativa también se establece que la empresa Red Eléctrica de España deberá publicar en su web, el día anterior al del suministro, los precios a los que las comercializadoras facturarán el término de energía a sus clientes.

Es decir, si queremos saber a qué precio vamos a pagar la electricidad en cada hora del día 13/04/2014, deberemos entrar a http://www.esios.ree.es/web-publica/ el día 12/04/2014 a partir de las 20,45 horas y encontraremos la siguiente pantalla que nos ofrecerá el precio horario del día 13 de abril:

Para poder aplicar esta nueva forma de facturación es necesario que el usuario disponga de un contador digital programado para registrar cada hora el consumo realizado y así poder ser facturado al precio horario que le corresponda.

Según algunos expertos, no hay instalado en todo el  parque español un solo contador apto para aplicar la nueva reglamentación, pero aunque pudiera ser exagerada tal aseveración, sí está claro que la mayor parte los usuarios o no disponen de contador digital (aún tienen el antiguo contador analógico) o disponen de contador digital sin telegestión ni telemedida, lo cual lo hace inservible para el fin que nos ocupa.

En los casos de usuarios que no dispongan de contador digital programado tendrán dos opciones:

  1. Acogerse a un precio fijo anual que cada comercializadora de referencia deberá hacer público antes del 15/04/2014 a través de la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Esta opción simplifica el control del gasto eléctrico a costa, previsiblemente, de un considerable encarecimiento del mismo.
  2. A los usuarios que no se acojan a la primera opción, se les aplicará lo que en el real decreto se denomina “coeficiente horario del perfil de consumo”, que consistirá en una media de los precios diarios del mercado mayorista aplicados al periodo de facturación correspondiente, y serán calculados por Red Eléctrica de España y publicitados en su web.  Además, en la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia existirá un simulador de facturación que facilite el seguimiento del suministro por parte de los usuarios acogidos al PVPC.

Existe una tercera opción que es renunciar a la tarifa regulada (PVPC) y contratar el suministro en el mercado libre con una de las decenas de comercializadoras de electricidad que operan en España, las cuales han venido teniendo como referencia de sus políticas de precios la desaparecida TUR y ahora, con toda probabilidad, pasarán a guiarse por los PVPC, por lo que, en principio, es una opción que no debe ser desestimada.

Efectivamente, como Tarifas de Último Recurso seguirán denominándose los Precios Voluntarios al Pequeño Consumidor destinados a:

  1. Consumidores vulnerables (con dificultades económicas, antes denominado Bono Social), a los cuales se les aplicará un 25% de  descuento en todos los conceptos del PVPC.
  2. Consumidores que carezcan de contrato de suministro, a los que se les aplicará el PVPC con un incremento del 20%.

El RD 216/2014 entró  en vigor el día 1 de abril de 2014, estableciéndose un periodo de adaptación hasta el 1 de julio de 2014, fecha máxima para que las comercializadoras comiencen a facturar a los usuarios los PVPC según lo establecido en el mismo.

En las facturaciones realizadas durante ese periodo transitorio hasta la adaptación de sus sistemas, las comercializadoras aplicarán los precios establecidos en la Resolución de 31 de enero de 2014, debiendo realizar posteriormente una regularización que contemple las diferencias de precios entre los importes facturados y los que deberían haberse facturado si se hubiesen aplicado los PVPC reales del periodo.

Así mismo, las comercializadoras deberán regularizar la facturación de los importes correspondientes al primer trimestre de 2014, que contemplará la diferencia entre el precio de la electricidad facturado según el precio establecido en el RD 17/2013  y el precio real durante dicho periodo.

Sólo la regularización correspondiente al primer trimestre, se estima que implicará la devolución de alrededor de 300 millones de euros a los consumidores.

 

Tanto las organizaciones de consumidores como las grandes compañías eléctricas  insisten en la complejidad que la nueva normativa añade al mercado eléctrico, de hecho, Facua la ha denunciado ante la Comisión Europea argumentando que vulnera varias directivas europeas referentes a los derechos del consumidor.

 

Nuevas tarifas de la luz

 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo está elaborando un Real Decreto que implantará un nuevo sistema de cálculo del precio de la luz a los usuarios acogidos a las tarifas reguladas (TUR) y con potencias inferiores a 10 Kw, el cual cambiará cada hora de cada día en función de varios parámetros (precio del  Kw/h según mercado mayorista + peajes + margen para las comercializadoras fijado por el Gobierno).

 Dado que el mercado mayorista funciona de forma parecida a la Bolsa, los precios varían continuamente, por lo que para facturar  la nueva modalidad de tarifa eléctrica se tendrá en cuenta el precio de la electricidad de cada hora del día.

 Es decir, a partir del 1 de junio, fecha prevista para la entrada en vigor del nuevo sistema, si cada factura de electricidad abarca un periodo de consumo de 60 días, a esa factura se le aplicarán 1.440 precios distintos (60 días x 24 horas), con la consiguiente pérdida de control sobre el gasto eléctrico que ello implica porque será muy difícil saber de antemano cuál es el precio del Kw/H en cada momento, por lo que se corre el riesgo de que el usuario necesite conectar el calefactor, el lavavajillas o cualquiera de los electrodomésticos con alto consumo energético en la hora del día que más cara está la luz y que luego le llegue una factura desmesurada.

 Esta forma de cálculo (un precio distinto cada hora del día ) sólo se les podrá aplicar a los usuarios que dispongan de contador inteligente con telegestión; a los que no  lo tengan, se les aplicará un precio medio, que tampoco podrá ser conocido  de antemano.

Según Facua, este método de cálculo vulnera tanto la normativa vigente en materia de protección del consumidor, que establece que el mismo debe conocer el precio del producto o servicio antes de su contratación (Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre), como la propia Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico promulgada por el gobierno hace menos de tres meses y en cuyo artículo 44, apartado 1.i , dispone que los consumidores tienen el derecho a “Ser suministrados a unos precios fácil y claramente comparables, transparentes y no discriminatorios.”

Existirá una opción a esta forma de cálculo que será una especie de tarifa plana anual por el que el consumidor sí podrá conocer anticipadamente el precio que va a pagar, aunque tiene el inconveniente de que será una modalidad  más cara y susceptible de cambios.

 A los usuarios con contrato en mercado libre, es decir, los que no se acogen a la tarifa regulada, y a los beneficiarios del Bono Social no se les aplicará esta nueva normativa.

 En resumen, a partir del 1 de junio (si acaba implantándose la nueva norma y se cumple la fecha prevista de entrada en vigor, que inicialmente era el 1 de abril), habrá tres formas de cálculo del consumo eléctrico para los consumidores con potencias menores de 10 Kw que no estén en mercado libre ni acogidos al Bono Social:

  1. Si se dispone de contador inteligente, el precio de la electricidad variará cada hora del día.
  2. Si no se dispone de contador inteligente, se facturará según un precio medio que se calculará según establezca el Gobierno.
  3. Oferta fija anual, que será más cara y que podrá variar si el Gobierno lo ve necesario.

Tanto las organizaciones de consumidores como la patronal eléctrica han mostrado su desacuerdo con la nueva medida porque consideran que convertirá en menos entendible la ya confusa factura de la luz y que se perderá el control sobre el gasto eléctrico, y las eléctricas, además, por los inconvenientes técnicos que implican las nuevas modalidades de facturación.

 Por su parte, el ministro de industria José Manuel Soria insiste en que  el nuevo sistema permitirá disponer de precios más competitivos y un suministro seguro y sostenible” y que “será más competitivo para la industria y menos oneroso para las familias”, a la vez que afirma que “El Gobierno defiende el interés general y no el de las empresas”.  

 Queda por ver si las nuevas tarifas significarán un descenso del gasto eléctrico para las familias, lo cual compensaría los inconvenientes de asumir un nuevo, y complicado, cambio, o al final se tratará simplemente de otra novedosa fórmula para atacar el bolsillo de los ciudadanos.

 

Más información:

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8264

https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=8259

http://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-luz/noticias/gobierno-cambio-tarifas-electricas

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/nuezene14/energia/noticias/5544355/02/14/El-nuevo-precio-de-la-luz-elimina-las-tarifas-oficiales-e-ira-ligado-a-un-mercado-volatil-.html

http://www.eleconomista.es/empresas-finanzas/noticias/5554499/02/14/Lio-con-el-recibo-de-luz-Las-tres-opciones-de-pago-que-contempla-el-nuevo-sistema.html

http://elpais.com/tag/tarifas_electricas/a/

 

 

Subasta de la campaña «Quiero pagar menos luz»

 

La comercializadora Holaluz.com ha resultado ganadora de la subasta de la campaña Quiero Pagar Menos Luz.

Según se informa desde la web de la OCU,  a la subasta no se presentaron las grandes comercializadoras,  y se estima que el ahorro medio que conseguirán  los más de 400.000 usuarios inscritos en la campaña rondará el 8%.

 

A partir del 4 de noviembre se podrá comenzar a contratar con Holaluz.com.

Grupo de compra de energía

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) está promoviendo un grupo de compra de energía, destinado a usuarios domésticos, con el fin de conseguir de las comercializadoras de gas y electricidad una mejora en los precios de la energía.

La inscripción en el citado grupo de compra es gratuita, no implica  ningún tipo de compromiso y está abierta tanto a socios como a no socios de la OCU.

La idea consiste en captar el mayor número posible de interesados para, mediante subasta, ofrecer a las comercializadoras la posibilidad de aumentar (o de no disminuir) considerablemente su cartera de clientes, por lo que tendrán que presentar a la citada subasta unas ofertas de suministro ajustadas en precio y con un condicionado claro e inequívoco. 

Esta iniciativa puede resultar una forma efectiva de conseguir un importante ahorro en el gasto de luz y gas, paliando así las continuas subidas de las tarifas y las dificultades económicas que afectan a gran parte de los ciudadanos, además de ser una poderosa herramienta para influir en las decisiones de las grandes compañías energéticas.

 

Toda la información en:

www.ocu.org/quiero-pagar-menos-luz