Electricidad a precio de coste + 1 €

En septiembre pasado empezó a prestar sus servicios, bajo la denominación de Pepeenergy, la comercializadora eléctrica de Pepephone, empresa de bajo coste de telefonía e internet y pertenecientes ambas al grupo Viajes Halcón, ofreciendo una manera distinta de facturar la electricidad que consumen sus clientes.

Este “experimento”, según lo califican en el manifiesto que aparece en la propia web de Pepeenergy, consiste en vender energía eléctrica 100% procedente de fuentes renovables (eólica, fotovoltaica e hidráulica) al mismo precio que se compra, añadiendo 1 € de beneficio en cada factura mensual, o 2 € si la potencia contratada es mayor de 5,75 Kw, y 0,25 € para sufragar un seguro que da cobertura de pago durante un año a los clientes que pudieran quedar en situación de paro laboral.

Hasta aquí todo claro. Ahora se complica un poco: a los precios indicados, que se facturan cada mes, hay que añadir una cantidad que elige cada usuario en función del consumo que estime que va tener,  cuando llegue la lectura (normalmente cada dos meses) se realizará una facturación con el consumo exacto correspondiente al periodo a precio de coste, es entonces cuando Pepeenergy devolverá el dinero que haya facturado de más o cobrará el dinero que haya facturado de menos.

Hay que tener en cuenta que al igual que en las facturas de todas las comercializadoras, hay que añadir el alquiler del contador (si no es en propiedad), el impuesto sobre la electricidad y el IVA.

Pero vamos a lo más importante, ¿nos podemos creer que nos están facturando realmente al mismo precio al que han comprado? Bueno, en principio sí, porque este precio es público y puede comprobarlo cualquier ciudadano accediendo a la web de Red Eléctrica Española y compararlo con los precios que aparecen en pepeenergy.com. Entiendo que la nueva comercializadora ha de ser muy estricta en el cumplimiento del compromiso que es el pilar fundamental de su estrategia comercial: vender al mismo precio que compra. Y además, ha de ser completamente transparente a la hora de permitir al usuario la verificación de la veracidad de esas cifras.

Si no lo hacen así, el proyecto fracasará en breve.

Soy cliente de Pepephone desde hace siete años y nunca he tenido ningún problema con ellos. Han sido muy claros (cosa rara en el mundo de la telefonía) al explicarme sus tarifas y muy rigurosos en el cumplimiento de sus compromisos, y cuentan además con la solvencia financiera y el prestigio de su empresa matriz, por lo tanto confío en que en esta nueva aventura van a seguir en la misma línea.

Hay que probar y ver si efectivamente esta fórmula  va a suponer algún ahorro en la factura de la luz o no.

Yo me he apuntado. Creo que para antes de septiembre os podré dar una opinión sobre el resultado del experimento.

Por último señalar que hay otra comercializadora que aplica la misma estrategia: Lucera.

¿Pagar la plusvalía municipal si hay pérdidas?

El Impuesto sobre el Incremento de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conocido como “la plusvalía”, se sustenta normativamente a nivel estatal en el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, del que derivan las ordenanzas municipales que regulan su aplicación en el ámbito local, ya que son los ayuntamientos los organismos competentes para determinar el gravamen del impuesto y los beneficiarios de su recaudación.

Como su nombre indica, se trata de un tributo sobre el “incremento” del valor de suelos de naturaleza urbana generado desde su adquisición hasta su venta, es decir, el contribuyente compartiría con su consistorio la ganancia obtenida para contribuir al sostenimiento de los servicios públicos y al desarrollo del municipio, obligación que compete a todos los ciudadanos, recogida en el artículo 31.1 de la Constitución, y que se hará efectiva “… de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad…”.

Pero el cálculo del impuesto parte de la premisa de que siempre existe esa ganancia, aplicándose un cuadro de revalorización anual, basado en valores catastrales, que no contempla la posibilidad de que no haya existido tal incremento de valor ni de que incluso haya existido una disminución del mismo, ignorando, entre otras posibles variables, las fluctuaciones del mercado, factor que debería ser fundamental a la hora de conocer la plusvalía real de la operación.

 

Hasta el comienzo de la crisis y la consiguiente caída de precios del sector inmobiliario, se había aceptado y soportado durante décadas otra norma que no atiende al principio de equidad que, en general, rige nuestro Ordenamiento Jurídico, sino que, más bien, favorece de forma arbitraria la capacidad recaudatoria de la administración pública. Aunque tras la explosión de la burbuja inmobiliaria y la necesidad de millones de ciudadanos de deshacerse de las viviendas que habían adquirido a precios desorbitados o de malvender sus propiedades para conseguir liquidez o que se acogieron a la dación en pago ante la imposibilidad de afrontar los pagos del crédito hipotecario, se ha hecho necesaria la revisión de los criterios por los que se obliga a las personas a pagar en concepto del incremento de valor, evidentemente ficticio, de unos inmuebles cuya transmisión se convirtió en un negocio desastroso, ocasionándoles cuantiosas pérdidas que tardarán muchos años en recuperar.

Los tribunales han comenzado a estimar las denuncias presentadas por ciudadanos afectados y por organizaciones sociales y profesionales. Así, en la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de fecha 18/07/2013, se alude a que ”Cuando se acredite y pruebe que en el caso concreto no ha existido, en términos económicos y reales incremento alguno, no tendrá lugar el presupuesto de hecho fijado por la ley para configurar el tributo (art. 104.1 LHL), y este no podrá exigirse…”. También, un juzgado de San Sebastián ha planteado la inconstitucionalidad del impuesto al considerar que su aplicación vulnera los artículos 24 y 31 de la Constitución.

Algunas medidas paliativas por parte de algunos Ayuntamientos (rebaja del porcentaje aplicado) y del Gobierno (exención del tributo en caso de dación en pago, sólo si es vivienda habitual), no evita que, por el momento, miles de ciudadanos y empresas sigan estando obligados a tributar en base a valoraciones irreales, evidenciando en este caso la disociación existente entre Administración y la situación económica efectiva de sus administrados.

 

Por fin, las ayudas a la rehabilitación edificatoria.

El pasado 31 de diciembre de 2015 se publicó en el B.O.R.M. la orden que aprueba la convocatoria de subvenciones destinadas a la rehabilitación edificatoria en la Región de Murcia, dotadas inicialmente con 2.000.000 €, que se ampliarían posteriormente hasta casi 9.000.000 €.

Podrán acogerse a las ayudas los edificios:

  • Finalizados antes de 1981.
  • Destinados a alquiler durante más de diez años.
  • Con graves daños estructurales.

Las obras subvencionables serán:

  • De Conservación, detectadas como desfavorables en el lnforme de Evaluación de Edificios, y que afecten, entre otras, a:
    • Cimentación: estructura e instalaciones.
    • Obras de adaptación a normativa vigente en instalaciones comunes de electricidad, fontanería, gas, saneamiento, recogida y separación de residuos y telecomunicaciones.
  • Obras de mejora de calidad y sostenibilidad, que reduzcan la demanda energética en al menos un 30%:
    • Obras de envolvente térmica: aislamiento, carpintería, acristalamientos, dispositivos bioclimáticos, etc., ajustándose al documento básico DB-HE1 del Código Técnico de la Edificación.
    • Instalación de equipos que utilicen energía Caben obras de mejora eficiencia   eléctrica,   ahorro   de agua,   residuos,   aislamiento acústico…
    • Instalación o sustitución de sistemas de calefacción, refrigeración, producción de agua caliente sanitaria y ventilación, etc.
  • Obras de adecuación de edificios en materia de accesibilidad:
    • Instalación y adaptación a normativa de ascensores,   salvaescaleras   y dispositivos para discapacitados
    • Instalación   elementos   de   apoyo   que   permitan   el   acceso   de discapacitados a zonas
    • Instalación de elementos de información, aviso u orientación en escaleras y ascensores. Elementos de comunicación entre viviendas y el exterior.

Las cuantías máximas de las subvenciones serán del 35% del coste de las obras de conservación y de mejora de calidad y sostenibilidad, y del 50 % en las de mejora de la accesibilidad, no pudiendo sobrepasar en ningún caso 11.000 € por vivienda ó por cada 100 m2 de local.

Insistir en que uno de los requisitos indispensables en todos los casos es la presentación del Informe de Evaluación de Edificios.

El plazo máximo para la presentación de las solicitudes será el 29 de febrero de 2016, y para la ejecución de las obras subvencionables, el 30 de septiembre de 2016.

 

 

 

Comunidades y 4G

Tras la liberación del dividendo digital, desde el pasado 1 de abril las operadoras de telefonía móvil comenzaron el proceso de implantación de la tecnología 4G, la cual permitirá aumentar la velocidad de conexión a internet y por consiguiente mejorar el rendimiento de aplicaciones on line, así como la aparición de nuevos servicios que aprovecharán el gran ancho de banda del 4G, muy superior al de la ADSL de la línea fija de teléfono, y su mejor penetración en el interior de edificios.

En este momento el proceso se encuentra en su fase de despliegue de la señal 4G, la cual tuvo comienzo el pasado lunes, 20 de julio, e irá desarrollándose de forma progresiva en función de las prioridades establecidas por cada compañía, por lo que pronto disfrutaremos de las ventanas de esta nueva tecnología.

El inconveniente que surgirá es que, según las pruebas realizadas en 2012 y 2013 en el pueblo zamorano de Fuentesáuco y en Zamora capital, la señal 4G interferirá las emisiones de la TDT, por lo que Movistar, Vodafone y Orange han constituido una empresa con Elecnor que se encargará de eliminar de forma gratuita dichas interferencias en las instalaciones de comunidades de propietarios y de otros usuarios que resulten afectados. Para ello, han habilitado la web http://www.llega800.es/ y el nº de teléfono gratuito 900 833 999, a los cuales deberán dirigirse los administradores de fincas, presidentes de comunidades y ciudadanos en general que sufran alguna incidencia en la recepción de la TDT que pueda estar relacionada con el despliegue 4G.

No obstante, previamente, los edificios y viviendas que potencialmente puedan resultar afectados (dependiendo principalmente de su proximidad a las antenas emisoras 4G), recibirán una comunicación individualizada mediante buzoneo en la que se informará de los pasos a seguir en caso de incidencia.

Es importante señalar que para beneficiarse de la gratuidad de las citadas actuaciones, el instalador que las realice deberá estar autorizado para ello por la empresa gestora del proyecto llega800.

Renovación de la web

AUTODIDACTAS

Está claro y aceptado que todos nosotros (dirigentes, trabajadores, directivos…), y las generaciones venideras, nos encontramos y se encontrarán inmersos en un proceso de continuo reciclaje y actualización de conocimientos para el desarrollo de nuestra actividad laboral, empujados en algunos casos por la necesidad de innovar para diferenciarse de la competencia ofreciendo nuevos productos y servicios, y, en general, espoleados por los vertiginosos avances en informática y telecomunicaciones.

Esos mismos avances facilitan el acceso a una gran cantidad de información que nos permite formarnos a distancia y, en algunos casos, gratis, lo cual fomenta el aprendizaje autodidacta, que, con sus deficiencias y limitaciones, puede servir para adquirir los conocimientos básicos necesarios para llevar a cabo tareas no especializadas en distintas áreas de los sectores económicos.

RENOVACIÓN www.arojo.es

En mi caso, la evolución este sitio web, desde su primera versión hasta su renovación de hoy, la he llevado a cabo poniendo en práctica la metodología prueba-fallo-información-vuelta a probar, que puede ser desesperante en ciertos momentos pero que con constancia, una conexión a internet y la ayuda puntual de especialistas, permite obtener un resultado aceptable, claramente mejorable, pero que cumple su cometido: ofrecer información sobre mis servicios profesionales y dar al potencial cliente los medios para establecer contacto conmigo en caso de estar interesado en ellos.

Es muy probable que a un profesional mi web le pueda parecer una ofensa al diseño, que la maquetación no es la conveniente, ni la usabilidad tampoco, que tarda mucho (más de 5 segundos) en cargar porque el hosting (alojamiento) es de baja calidad o porque la caché o las fotografías no están optimizadas, que tiene pocos encabezados H1 y las palabras clave no están bien seleccionadas lo cual conlleva un mal posicionamiento SEO, que los plugins de WordPress no están actualizados y que me expongo a que se me cuele un virus y me fastidie todo el trabajo, etc. etc.

Y es probable que tenga razón en todo. Y tendré que recurrir a él para enmendar tantos fallos que no apreciamos quienes desconocemos las interioridades del diseño web, porque es sorprendente la cantidad de conceptos, terminología y habilidades que es necesario dominar para que una página sea segura, visible, bonita y comunique bien.

SEGUIR APRENDIENDO

De todas formas y aunque irremediablemente tengamos que apoyarnos en especialistas, no está de más conservar cierta autonomía en asuntos informáticos, sin pretender especializarse en nada, como decía antes, y cargados de paciencia, ir adquiriendo los conocimientos que nos permitan solucionar los problemas que surgen en el día a día: configurar una cuenta de correo o la impresora, pasar la agenda de contactos del móvil al ordenador, resetear el módem, hacer pequeños cambios en nuestra web o una copia de seguridad del sitio, etc.

Porque también está claro y aceptado que, para bien o para mal, la informática e Internet ya han entrado en nuestras vidas y tenemos que continuar aprendiendo a convivir con ellas.

Ayudas rehabilitación edificios

El pasado viernes, 17 de abril, se publicó en el BORM la Orden por la que se aprueban las bases de la convocatoria de ayudas para la rehabilitación de edificios, enmarcadas en el Plan Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación urbanas, 2013-2016.

Estas ayudas irán destinadas a subvencionar obras de conservación y mejora en edificios que reúnan los siguientes requisitos:

• Fecha de construcción anterior a 1981.
• Uso residencial en más del 70% de la superficie construida.
• Vivienda habitual de más del 70% de sus propietarios o arrendatarios.
• Existencia de graves daños estructurales o de otro tipo, o que el edificio se destine íntegramente al alquiler durante 10 años, aunque no se cumplan las condiciones anteriores.

En todos los casos será obligatoria la elaboración previa del Informe de Evaluación de Edificio.

Las obras subvencionables serán, entre otras, las destinadas a la conservación y mejora de:

• La cimentación y estructura.
• Cubiertas, azoteas, fachadas, en determinados casos.
• Instalaciones de fontanería, electricidad, etc., para adaptarlas a la normativa vigente.
• La calidad y sostenibilidad, principalmente las que contribuyan a la mejora de la eficiencia energética del edificio (aislamiento, calefacción y refrigeración, energías renovables…).
• La accesibilidad al edificio (instalación de ascensores, rampas, salvaescaleras, videoporteros…)

La cuantía de las subvenciones será, como máximo, el 35% del coste de las obras, con la excepción de las que contribuyan a la mejora de la accesibilidad, que podrán llegar al 50 %.

Las solicitudes se podrán presentar en los periodos establecidos en la correspondiente convocatoria, que se espera sea publicada en breve, ofreciendo una valiosa ayuda a aquellas comunidades que tengan prevista la ejecución de obras.

Administrador de fincas VS Factura de la luz

Desde siempre una de las tareas del administrador de fincas ha sido disminuir en lo posible los gastos de la comunidad, ya que el dinero que los comuneros no tuvieran que destinar al edificio quedaba a disposición de éstos para su disfrute.

En los últimos años y empujados por la falta de recursos de los vecinos debida a la crisis económica, la reducción de gastos se ha convertido en objetivo prioritario e inexcusable del administrador; ascensor, limpieza, mantenimiento, gestión, seguro… son partidas que han disminuido en porcentajes de entre el 30% y el 60% respecto a sus valores de 2007 ó 2008, cuando no, en situaciones críticas, se haya prescindido de alguna de ellas.

Pero hay una excepción: el suministro eléctrico. A pesar de las reformas del mercado (o quizás a causa de ellas), la tarifa eléctrica no ha dejado de subir y, por consiguiente, uno de los gastos con más peso en los presupuestos anuales de las comunidades lo ha hecho a la vez.

En esta situación y para paliar la repercusión de las subidas de la energía en las cuentas comunitarias, se hace necesaria la adopción de varias medidas:

• Hacer un estudio sobre la posibilidad de bajar la potencia contratada (la parte fija de la factura), la cual en muchos casos es superior a la necesaria y tiene una incidencia muy importante sobre el total del gasto (hay que tener en cuenta que desde julio de 2013 el precio de dicho concepto ha aumentado alrededor de un 90%).
• Sustituir las bombillas convencionales de las zonas comunes por leds, que han bajado bastante su precio y suponen un ahorro en consumo del 80%.
• Optimizar el alumbrado de la cabina del ascensor mediante la instalación de dispositivos que lo apaguen cuando no esté en marcha.

Más allá de la aplicación de estas medidas, que tienen un coste nulo o muy bajo (amortizable en un año aproximadamente), y sin entrar en el estudio de otras que implican una inversión más elevada (sustitución del viejo motor del ascensor por otro de rendimiento optimizado, sectorización del alumbrado de las zonas comunes, etc.), sólo cabe estar pendiente de las ofertas de las comercializadoras y apuntarse a la que más convenga en cada momento, hacer un uso responsable de los dispositivos eléctricos y esperar que dejemos de ser uno de los países de la Unión Europea en los que más cuesta la energía eléctrica, aunque esto último depende en menor grado de nuestra voluntad.

Administración de fincas, novedades 2015

A punto de finalizar el año y viviendo las «primeras navidades de la recuperación», encaramos 2015 con la esperanza de que las mejoras de las cifras macroeconómicas lleguen hasta los ciudadanos y alivien, o mejor, eliminen, incertidumbres y privaciones, y de que poco a poco se vaya restituyendo lo perdido durante los últimos siete años.

En principio sí es seguro que, además de las citas electorales, el nuevo año trae bastantes novedades como consecuencia de la entrada en vigor de nuevas normas de carácter técnico o administrativo, de las que cabe destacar, en el ámbito de la administración de fincas y la gestión inmobiliaria, las siguientes:

 

Las comunidades tendrán que presentar el mod 347:

El Real Decreto 828/2013 publicado en el BOE el 26-10-13, que desarrolla el nuevo régimen especial del criterio de caja en el IVA, determina que a partir del 1 enero 2014 quedarán obligados a presentar ante la Agencia Tributaria el modelo 347 (declaración de operaciones con terceros) «las comunidades de bienes en régimen de propiedad horizontal», por lo que las comunidades de propietarios deberán declarar las operaciones con proveedores o clientes (inquilinos) que superen los 3,005,05 € anuales, quedando excluidas las relativas a suministros de energía eléctrica o combustibles que se usen para el consumo comunitario, a suministros de agua y los seguros que tengan por finalidad el aseguramiento de bienes de zonas y elementos comunes. La declaración correspondiente a 2014 deberá presentarse en febrero de 2015.

La reforma fiscal en el sector inmobiliario:

La reforma fiscal que entra en vigor el 1 de enero de 2015 eliminará progresivamente los coeficientes que corregían a la baja el importe a tributar por el incremento de valor (plusvalía) de las viviendas. La diferencia entre vender el 31 de diciembre de 2014 ó el 1 de enero de 2015 puede ser, según el caso, de varias decenas de miles de euros. Ello ha provocado que se produzcan significativas rebajas en los precios durante los últimos meses de 2014.

La nueva reforma también reduce a la mitad, del 100% al 50%, la reducción a propietarios por arrendamiento a menores de 30 años, y elimina con carácter general la deducción a inquilinos para los contratros suscritos a partir del 1 de enero de 2015.

Dividendo Digital:

El Gobierno se ha visto obligado a ampliar hasta el 31 de marzo de 2015 el plazo para el proceso de liberalización del dividendo digital ante el riesgo de que más de 500.000 hogares pudieran dejar de recibir los canales de la TDT, o parte de ellos, en caso de proceder al apagado de los canales que emiten en la banda de 790 Mhz a 862 Mhz en la fecha prevista inicialmente (31 de diciembre de 2014). Además tal circunstancia habría ocasionado a las cadenas de televisión graves perjuicios económicos, principalmente por la pérdida de ingresos por publicidad.

En la otra parte, las operadoras de telefonía que deberían comenzar a prestar servicios basados en la tecnología 4G desde el 1 de enero de 2015, van a ser compensadas por el Ministerio de Industria con la ampliación del periodo de vigencia de sus concesiones en 1,27 dias por cada día que transcurra hasta el 1 de abril de 2015, fecha en la que, inicialmente, ya podrán comenzar a implantar el 4G.

Plan de vivienda 2013-2016:

El Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, contempla ayudas para la rehabilitación y alquiler de viviendas. Se subvencionará, entre otras actuaciones, el alquiler de viviendas por importe de máximo de 2.400 € anuales para aquellas familias con ingresos inferiores a tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), así como las mejoras de accesiblidad, seguridad y eficiencia energética en edificios en régimen de propiedad horizontal y la elaboración de su Informe de Evaluación de Edificios. La Comunidad Autónoma de Murcia aún no ha publicado las convocatorias de las mismas, aunque, según aparece en su web y me han informado en la Dirección General de Vivienda, están tramitándose y en breve se podrán empezar a solicitar.

 

En cualquier caso y a pesar del momento que vivimos, deseo a todos un FELIZ AÑO 2015.

 

Cláusulas suelo

Cuando a finales de 2008 el Euribor comenzó su tendencia a la baja, los titulares de hipotecas con interés variable albergaron la esperanza de que tal bajada implicaría una disminución considerable en la cuota mensual de sus préstamos hipotecarios, estimada, según cada caso, en una media de trescientos euros.

Así habría sido de no ser por una cláusula que recogen la mayoría de contratos hipotecarios por la cual la relación Euribor-interés, propia de los créditos con interés variable, tiene una limitación que impide que cuando el índice baje de cierto valor, esa bajada se traslade a la cuota mensual del préstamo.

De esta manera, millones de personas, titulares de hipotecas, descubrieron que sin saberlo habían aceptado la ya conocida como cláusula suelo, a pesar de que estaban convencidos de que sus préstamos eran a interés variable como figuraba en la publicidad de los mismos y como les habían explicado en sus oficinas bancarías, sin que, en la mayoría de los casos, se les hubiese explicado ese matiz: sí, es a interés variable y conforme baje el índice (Euribor) bajará la cuota, pero hasta que éste llegue un determinado valor, por debajo del cual no repercutirá sobre la mensualidad del crédito.

Y de la esperanza se pasó a la impotencia por no poder encontrar el tan necesitado alivio económico, y de la impotencia al cabreo porque habían sido engañados con su propio consentimiento ante notario.

Los bancos siguieron a lo suyo. Y los gobiernos, inoperantes al respecto.

Nuevamente, las asociaciones de consumidores comenzaron a recoger las protestas de los ciudadanos y a buscar fórmulas para paliar el recién descubierto, que no nuevo, atropello. OCU, Adicae, Facua… reivindicaron activamente la supresión de las cláusulas suelo ante instancias nacionales y europeas, consiguiendo la nulidad de las mismas (en algunos casos con efectos retroactivos) tanto en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como en el Tribunal Supremo español, e incluso logrando que pueda ser paralizada una ejecución hipotecaria contra un afectado de las cláusulas suelo.

Y nuevamente, tenemos que cuestionar las políticas comerciales de las entidades financieras, así como la efectividad de los organismos públicos reguladores y la capacidad de velar por el interés general de los gobiernos que permiten una legislación hipotecaria que ampara abusos como el de las cláusulas suelo, las cuales, aunque menos, aún siguen aplicándose.

Consumidores y demandas colectivas

Nuevamente, la crisis económica nos sirve para descubrir la excesiva permisividad normativa (a todos nos suena el término desregulación) que ha posibilitado al sector financiero la comercialización de productos no adecuados para determinados clientes o que contenían cláusulas abusivas en beneficio de la propia entidad.

La necesidad de defensa ante la proliferación y gravedad de este tipo de abusos ha llevado a los afectados a organizarse para reclamar conjuntamente ante la justicia, tanto a través de organizaciones de consumidores como de bufetes de abogados privados, de manera que se está generalizando la presentación de las demandas colectivas, contempladas en la legislación vigente (art. 34, Ley 29/1998, art. 11, Ley 1/2000, art. 24, RDL 1/2007) y que hasta hace poco tiempo eran casi desconocidas en España.

Los afectados de las estafas de Opening, Afinsa y Fórum Filatélico fueron pioneros en la presentación de demandas colectivas en España. El abogado Javier Cremades, en 2009, agrupó a dos afectados por el caso Madoff y demandó, en Estados Unidos, al Banco de Santander en su condición de intermediario de las operaciones.

Posteriormente, un juzgado de Sevilla admitió la demanda colectiva presentada por Ausbanc y, el 30 de septiembre de 2010, falló a favor de los demandantes, declarando el carácter abusivo de la cláusula suelo en los prestámos hipotecarios. Esta sentencia fue revocada por la Audiencia de Sevilla y después ratificada por el Tribunal Supremo.

Desde entonces, se ha extendido el uso de esta fórmula jurídica como instrumento válido para la denuncia de abusos masivos, ofreciendo como principal ventaja la económica; la mayor parte de los gastos son repartidos entre todos los demandantes, con lo cual la repercusión individual de los mismos disminuye respecto a la presentación particular de la demanda. Además, debería mejorar la eficiencia judicial al ser resuelta por un solo juez de un solo tribunal. Como contrapartida, tiene el inconveniente de que el individuo pierde la capacidad de tomar decisiones durante el desarrollo del procedimiento, debiendo acatar los pareceres del letrado director del mismo y aceptar los posibles acuerdos a los que éste pudiera llegar.

En cualquier caso, sin que se puedan garantizar unos resultados satisfactorios para todos los afectados, sí hay que considerar la demanda conjunta como una posibilidad viable y muy a tener en cuenta a la hora de plantear una reclamación por un hecho que haya ocasionado un perjuicio colectivo, sea o no de carácter financiero.

Más información:

http://www.diariosur.es/malaga/201407/02/millar-malaguenos-agrupan-demandas-20140701224232.html

http://colectivos.adicae.net/

http://economia.elpais.com/economia/2014/03/19/actualidad/1395227675_230163.html

http://www.20minutos.es/noticia/1701404/0/

http://www.europapress.es/economia/noticia-economia-despachos-abogados-estudian-demandas-colectivas-reclamar-auditores-via-penal-caso-gowex-20140708180622.html

Comunidades de propietarios, acuerdos de Junta

El Código Civil vigente establece que un contrato existe desde el mismo momento en el que dos personas llegan a un acuerdo verbal sobre cualquier asunto. Según nos contaban nuestros abuelos, era suficiente con la garantía de «el valor de la palabra dada», avalada por un apretón de manos, para cerrar un trato y, aunque tengo mis dudas de que antes no hubiese incumplimientos; en todas partes y en todas épocas se han cocido habas, casi con toda seguridad que así era en la mayoría de las ocasiones.

El problema surgía cuando uno de los dos no cumplía lo pactado y al otro le tocaba demostrar que el primero había faltado a su compromiso sin disponer de ningún documento escrito que lo acreditase, lo cual se convertía en tarea imposible si el incumplidor negaba la existencia de ningún acuerdo que lo obligara.

De ahí la necesidad de dar cobertura documental a los acuerdos que se adopten en cualquier ámbito, teniendo validez legal los contratos suscritos en cualquier soporte , siempre que queden claramente identificadas las partes u otorgantes y sus firmas, y las condiciones del mismo. En algunos casos, como el de la compraventa de un inmueble, la validez plena requiere de la firma ante notario, y en otros, como el de los acuerdos adoptados en una junta general de vecinos, debe cumplir los requisitos establecidos en el art. 19 de la Ley de Propiedad Horizontal.

En el caso de las comunidades de propietarios, es tarea del administrador de fincas la redacción del acta conteniendo fielmente los términos de los acuerdos adoptados y los resultados de las votaciones, si las ha habido. Una vez elaborada, el acta será verificada y ratificada por el presidente, reflejada en el libro de actas y remitida a todos los propietarios, preferiblemente de forma que se pueda acreditar su envío (por ejemplo: correo postal o electrónico certificado). De esta manera los comuneros quedan informados de sus obligaciones respecto a su comunidad, sin que pueda existir desconocimiento por su parte que justifique el incumplimiento de las mismas, a la vez que pueden optar por impugnar los acuerdos susceptibles de oposición en los plazos legalmente establecidos.

Los acuerdos tienen validez y son aplicables desde el mismo momento en que son adoptados en Junta General, convocada según dispone el art. 16 de la LPH, aunque no se haya redactado, cerrado y enviado el acta que los contiene, e, incluso, realizados dichos trámites, aunque ésta contenga errores de forma o contenido, prevaleciendo siempre el principio, indicado al comienzo, de que el acuerdo existe en los términos originalmente establecidos de forma verbal durante la celebración de la junta.

A fin de mantener el buen tono de las relaciones vecinales, se hace necesario que las actas de las juntas estén en poder de los propietarios en el menor plazo de tiempo posible (diez o quince días, máximo) desde su celebración, sin errores formales ni desviaciones en su contenido, de manera que todos los miembros de la comunidad conozcan sus obligaciones para con ella y dispongan de las herramientas para modificarlas, si lo consideran conveniente y dentro del marco legal vigente, garantizando así el ejercicio de sus derechos como comuneros.

 

 

Consumo colaborativo, otra forma de ahorrar

El viejo trueque, que consistía originariamente en el intercambio de los excedentes de la producción agrícola y ganadera: el trigo que les sobraba a unos lo cambiaban por las ovejas que otros no necesitaban para su subsistencia, y que casi había desaparecido en los paises occidentales como fórmula de transacción comercial, resurge adaptando el concepto milenario del mismo, el simple canjeo de productos o servicios, a los hábitos y necesidades actuales, reapareciendo vinculado al llamado consumo colaborativo.

La facilidad para intercomunicar oferta y demanda a través de portales especializados de Internet, mediante las redes sociales, aplicaciones móviles, etc., contribuye significativamente a la expansión de esta forma de comercio, la cual permite cubrir cualquier necesidad (adquisición de libros de texto, reparación de la lavadora, corte de pelo, cuidado de niños…) ofreciendo en pago otro producto o la prestación de un servicio, sin tener que destinar para ello recursos económicos, generalmente escasos en el contexto de crisis en que nos encontramos, o reduciendo sensiblemente el desembolso.

Además de su contribución al ahorro familiar, el consumo colaborativo se nutre, o mejor dicho, retroalimenta el auge del consumo responsable, surgido en respuesta a la cultura de usar y tirar y del consumo compulsivo y desmesurado, y que aboga por preservar los recursos naturales del planeta y por contribuir a mejorar las condiciones de vida de las personas, usando para ello el poder que nos otorga nuestra condición de consumidores, el cual es comparable y complementario del que poseemos como ciudadanos con derecho a voto, siendo sus dos preceptos principales:

      1. Consumir menos: no tirar, reciclar, alargar el periodo de uso de las cosas, distinguir entre lo necesario y lo superfluo..,

      2. Convertir el hecho de la compra (de cualquier compra: desde un cepillo de dientes en el supermercado hasta un coche, pasando por un electrodoméstico o la contratación de un seguro de vida) en acto reivindicativo de una economía solidaria y sostenible, priorizando la adquisición de productos y servicios ofrecidos por empresas comprometidas (de forma práctica y demostrable, no como simple estrategia de marketing) con la protección del medio ambiente y con el sostenimiento de unos niveles óptimos de la calidad de vida de sus trabajadores y colaboradores.

Compartir, prestar, alquilar, reciclar, comprar con criterio solidario…, ya sea como consecuencia de una situación de precariedad económica y/o como resultado de la toma de conciencia de la necesidad de cambiar los hábitos de consumo, son formas, además del trueque o intercambio, de economía colaborativa, la cual está contribuyendo a la sensibilización social en cuanto a la necesidad de renovar o suprimir algunos dogmas del sistema económico vigente, que amenazan con producir cambios irreversibles en el entorno natural del planeta y, en consecuencia, en el bienestar de las personas que lo habitamos.

Más información sobre consumo colaborativo:

http://www.consumocolaborativo.com/directorio-de-proyectos/

http://blogs.20minutos.es/capeando-la-crisis/

http://www.ahorradoras.com/

https://timerepublik.com/

http://www.alkiloo.com/

http://tratojusto.es/

http://ecoinventos.com/turismo-eco-y-colaborativo-hay-otra-forma-de-viajar/

https://www.9flats.com/