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Cómo acogerse a la moratoria hipotecaria por alerta sanitaria

La moratoria aprobada por el Gobierno en el Real Decreto Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, consiste en el aplazamiento del pago de las cuotas a aquellas personas deudoras de un préstamo con garantía hipotecaria para la compra de su vivienda habitual y que hayan visto disminuidos sus ingresos como consecuencia de la emergencia sanitaria por coronavirus.

 

Quién se puede acoger a la moratoria hipotecaria?

Las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad económica al concurrir las siguientes circunstancias:

  • Estar en situación de desempleo o, en el caso de empresarios o profesionales, que sufra una caída de sus ingresos o ventas de al menos el 40%.
  • Que el conjunto de los ingresos de todos los miembros de la familia no supere en el mes anterior a la solicitud de la moratoria tres veces el IPREM (es decir, que no supere 1.613,52 €), aunque en el artículo 9.1.b se establecen incrementos de esta cantidad si en la unidad familiar hay: hijos a cargo, mayores de 65 años y/o miembros con discapacidad y/o enfermedad, pudiendo alcanzar hasta cinco veces el IPREM (2.689,20 €).
  • Que la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos, resulte superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
  • Que la familia haya sufrido una disminución significativa en sus posibilidades económicas de acceso a la vivienda como consecuencia de la emergencia sanitaria, que implique que la repercusión de la cuota hipotecaria sobre la renta familiar se ha multiplicado por al menos en 1.3.

 

Solicitud de la moratoria

El plazo de presentación de solicitudes a las entidades financieras para acogerse a esta moratoria es de un mes y 15 días, contados desde el 17/03/2020 (aunque previsiblemente dicho plazo será prorrogado), siendo necesaria la aportación, junto a la solicitud, de la siguiente documentación:

  • Si el deudor hipotecario ha perdido su trabajo, certificado expedido por el SEPE o por la entidad gestora autonómica que tenga transferidas las competencias (en Murcia, el SEF).
  • En caso de cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia, mediante certificado expedido por la Agencia Estatal de la Administración Tributaria o el órgano competente de la Comunidad Autónoma, en su caso, sobre la base de la declaración de cese de actividad declarada por el interesado.
  • Acreditación de los componentes de la unidad familiar:
    • Libro de familia o documento acreditativo de pareja de hecho.
    • Certificado de empadronamiento relativo a las personas empadronadas en la vivienda, con referencia al momento de la presentación de los documentos acreditativos y a los seis meses anteriores.
    • Declaración de discapacidad, de dependencia o de incapacidad permanente para realizar una actividad laboral.
  • Acreditación de la titularidad de los bienes:
    • Nota simple del servicio de índices del Registro de la Propiedad de todos los miembros de la unidad familiar, que se puede obtener en la oficina física del Registro de la Propiedad, o, telemáticamente, en registradores.org.
    • Escrituras de compraventa de la vivienda y de concesión del préstamo con garantía hipotecaria.
  • Declaración responsable del deudor o deudores relativa al cumplimiento de los requisitos exigidos para considerarse sin recursos económicos suficientes según este real decreto-ley.

 

Concesión, efectos y duración

Las entidades financieras dispondrán de un plazo de 15 días para implementar la moratoria e informar de su existencia y duración al Banco de España.

La presentación de la solicitud implica la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo de un mes, aunque podría prorrogarse dependiendo de la duración de la alerta sanitaria, periodo en el que el banco no podrá exigir el pago de la amortización de capital del préstamo, de sus correspondientes intereses ni de intereses o comisiones o penalizaciones por mora.

 

Penalizaciones por fraude

Se sancionará a quienes se hayan beneficiado de la moratoria sin reunir los requisitos o hayan maniobrado para situarse o mantenerse en situación de vulnerabilidad a fin de obtener la aplicación de estas medidas.

 

Qué hacer si no se reúnen los requisitos para acogerse a la moratoria del Gobierno?

Aquellos deudores hipotecarios que no reúnan las condiciones para acogerse a la moratoria por COVID-19, disponen, en principio, de dos opciones:

  • Solicitar al banco una carencia de hipoteca, lo que permitiría, si es concedida, aplazar el pago aunque con el consiguiente incremento por intereses.
  • Solicitar al banco la ampliación del plazo de amortización del préstamo.

 

Cláusulas suelo: ya tenemos sentencia, ¿y ahora qué?

Bueno,  las asociaciones de consumidores y los tribunales europeos han hecho el trabajo que deberían haber realizado los gobiernos e instancias judiciales nacionales. Tras años de lucha en la calle y en los juzgados, se reconocen como nulas, por abusivas, las cláusulas suelo de los préstamos hipotecarios y se obliga a las entidades financieras a devolver los importes cobrados indebidamente a los usuarios al no haber aplicado la variabilidad de los intereses financieros en su sentido estricto, sino de forma arbitraria en el propio beneficio de dichas entidades.

No insistiremos, pero no olvidemos, en la mala práctica de los bancos, ni en la inoperancia de los gobiernos que deberían haber velado por el interés de sus ciudadanos, ni tampoco, y lo más importante, en la mansedumbre, por desconocimiento, con la que todos nosotros hemos firmado y aceptado durante décadas nuestros préstamos hipotecarios, sin haber estudiado previamente su contenido y, por tanto, sin prever las graves consecuencias que tendría en nuestra economía y en nuestras vidas la aceptación de unas condiciones que hemos descubierto lesivas y carentes de equidad.

Ahora lo que toca es ponernos manos a la obra para conseguir que nos devuelvan nuestro dinero.

Es muy importante no aceptar ningún acuerdo con los bancos a este respecto sin que previamente haya sido supervisado por asesores cualificados e independientes.

Por el momento, el Gobierno no se ha manifestado en cuanto a la posibilidad de habilitar medios para ayudar a la ciudadanía a recuperar el dinero que le ha sido sustraído de forma fraudulenta y hacer cumplir así la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Facua y OCU ya disponen de plataformas web a través de las cuales atiende a sus asociados  afectados.

Por su parte, Adicae, además de la web, pone a disposición de los asociados sus delegaciones provinciales y sus voluntarios locales para asesorar y recabar la documentación necesaria a fin de tramitar las reclamaciones, la cual, inicialmente, será: copia de la escritura del préstamo y las posteriores novaciones o modificaciones sobre el mismo, fotocopias de los DNI de todos los titulares del préstamo y el último recibo pagado (es posible que posteriormente sea necesario aportar otros documentos).

Insisto en que las asociaciones de consumidores se han convertido en las herramientas más eficaces para protegernos de los abusos de las grandes corporaciones.

Hagamos uso de ellas. Es nuestro derecho y nuestra obligación.

 

 

 

Cláusulas suelo

Cuando a finales de 2008 el Euribor comenzó su tendencia a la baja, los titulares de hipotecas con interés variable albergaron la esperanza de que tal bajada implicaría una disminución considerable en la cuota mensual de sus préstamos hipotecarios, estimada, según cada caso, en una media de trescientos euros.

Así habría sido de no ser por una cláusula que recogen la mayoría de contratos hipotecarios por la cual la relación Euribor-interés, propia de los créditos con interés variable, tiene una limitación que impide que cuando el índice baje de cierto valor, esa bajada se traslade a la cuota mensual del préstamo.

De esta manera, millones de personas, titulares de hipotecas, descubrieron que sin saberlo habían aceptado la ya conocida como cláusula suelo, a pesar de que estaban convencidos de que sus préstamos eran a interés variable como figuraba en la publicidad de los mismos y como les habían explicado en sus oficinas bancarías, sin que, en la mayoría de los casos, se les hubiese explicado ese matiz: sí, es a interés variable y conforme baje el índice (Euribor) bajará la cuota, pero hasta que éste llegue un determinado valor, por debajo del cual no repercutirá sobre la mensualidad del crédito.

Y de la esperanza se pasó a la impotencia por no poder encontrar el tan necesitado alivio económico, y de la impotencia al cabreo porque habían sido engañados con su propio consentimiento ante notario.

Los bancos siguieron a lo suyo. Y los gobiernos, inoperantes al respecto.

Nuevamente, las asociaciones de consumidores comenzaron a recoger las protestas de los ciudadanos y a buscar fórmulas para paliar el recién descubierto, que no nuevo, atropello. OCU, Adicae, Facua… reivindicaron activamente la supresión de las cláusulas suelo ante instancias nacionales y europeas, consiguiendo la nulidad de las mismas (en algunos casos con efectos retroactivos) tanto en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como en el Tribunal Supremo español, e incluso logrando que pueda ser paralizada una ejecución hipotecaria contra un afectado de las cláusulas suelo.

Y nuevamente, tenemos que cuestionar las políticas comerciales de las entidades financieras, así como la efectividad de los organismos públicos reguladores y la capacidad de velar por el interés general de los gobiernos que permiten una legislación hipotecaria que ampara abusos como el de las cláusulas suelo, las cuales, aunque menos, aún siguen aplicándose.