Cuando a finales de 2008 el Euribor comenzó su tendencia a la baja, los titulares de hipotecas con interés variable albergaron la esperanza de que tal bajada implicaría una disminución considerable en la cuota mensual de sus préstamos hipotecarios, estimada, según cada caso, en una media de trescientos euros.
Así habría sido de no ser por una cláusula que recogen la mayoría de contratos hipotecarios por la cual la relación Euribor-interés, propia de los créditos con interés variable, tiene una limitación que impide que cuando el índice baje de cierto valor, esa bajada se traslade a la cuota mensual del préstamo.
De esta manera, millones de personas, titulares de hipotecas, descubrieron que sin saberlo habían aceptado la ya conocida como cláusula suelo, a pesar de que estaban convencidos de que sus préstamos eran a interés variable como figuraba en la publicidad de los mismos y como les habían explicado en sus oficinas bancarías, sin que, en la mayoría de los casos, se les hubiese explicado ese matiz: sí, es a interés variable y conforme baje el índice (Euribor) bajará la cuota, pero hasta que éste llegue un determinado valor, por debajo del cual no repercutirá sobre la mensualidad del crédito.
Y de la esperanza se pasó a la impotencia por no poder encontrar el tan necesitado alivio económico, y de la impotencia al cabreo porque habían sido engañados con su propio consentimiento ante notario.
Los bancos siguieron a lo suyo. Y los gobiernos, inoperantes al respecto.
Nuevamente, las asociaciones de consumidores comenzaron a recoger las protestas de los ciudadanos y a buscar fórmulas para paliar el recién descubierto, que no nuevo, atropello. OCU, Adicae, Facua… reivindicaron activamente la supresión de las cláusulas suelo ante instancias nacionales y europeas, consiguiendo la nulidad de las mismas (en algunos casos con efectos retroactivos) tanto en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como en el Tribunal Supremo español, e incluso logrando que pueda ser paralizada una ejecución hipotecaria contra un afectado de las cláusulas suelo.
Y nuevamente, tenemos que cuestionar las políticas comerciales de las entidades financieras, así como la efectividad de los organismos públicos reguladores y la capacidad de velar por el interés general de los gobiernos que permiten una legislación hipotecaria que ampara abusos como el de las cláusulas suelo, las cuales, aunque menos, aún siguen aplicándose.
